PLUMA DE GRUPO CANTÓN

Consulta o despotismo


Porfirio Muñoz Ledo

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El esfuerzo primordial de la transición mexicana -después del escandaloso fraude de 1988- se orien­tó hacia la legalidad y veracidad de las elecciones, que hemos alcanzado en lo esencial. Hemos proba­do, como en su tiempo lo hizo Madero, que nuestro país puede imponerse la voluntad del pueblo, por la vía del sufragio, en la elección de sus gobernantes. Se trata obviamente de un fenómeno progresivo, que también puede descarrilarse como quisieran algunos generales notoriamente coordinados con reflexiones y lemas de la derecha dura, que en po­cas semanas han cambiado el tono y la orientación de los medios de comunicación.

Algo semejante está ocurriendo en otros países de América Latina que habían logrado instaurar en épo­cas recientes gobiernos progresistas y hoy se ven so­cavados por movimientos subterráneos o desafíos abiertos de las corrientes conservadoras. La respues­ta no podría ser autoritaria ni tampoco el desenfreno populista. La democracia se defiende con más demo­cracia. Esa es la inspiración y el sentido de las refor­mas promovidas por el Presidente López Obrador, a las que se han añadido la revocación de mandato no sólo para el Ejecutivo Federal sino también para los ejecutivos locales, así como la posibilidad de realizar consultas populares para temas de trascendencia na­cional y su ampliación a lo regional.

Es necesario fortalecer y multiplicar las distin­tas formas del ejercicio de la soberanía popular. Co­mo solía decir el maestro Arnaldo Córdova “existen en México cuando menos 32 soberanías”. La tenden­cia contemporánea es además el reconocimiento de la soberanía municipal, que sería indispensable con­sagrar en el artículo 41 de la Constitución. Dicho pre­cepto se refiere exclusivamente a los Poderes Unión, los de los Estados y la Ciudad de México. Circunstan­cia que limita el ejercicio de la soberanía a los poderes representativos o “delegativos” como los llamaba el maestro O´Donnell. Están ausentes de ese ´canon las muy diversas formas a través de las cuales se expresa la voluntad popular. En primer término la más anti­gua que es la democracia directa según la cual el ciu­dadano debe expresarse en forma de electorado sobre cuestiones fundamentales de la vida pública. Una va­riable es el referéndum que teóricamente significa la expresión de la voluntad ciudadana para avalar o re­chazar una ley que ya ha sido aprobada por el congre­so o un acto administrativo para su ratificación; otra es el plebiscito por el cual se entiende la pregunta a la población sobre una decisión política que no se ha to­mado aún y que es de trascendencia para el electora­do. La creciente democratización de la ciudadanía en distintas regiones del mundo ha alcanzado el viejo an­helo de empatar la sociedad civil con la sociedad polí­tica (Gramsci), con lo cual todo acto de convivencia civilizada expresa una forma de ejercicio democráti­co y a la inversa. La Ciencia Política contemporánea ha definido además la democracia participativa que con­siste en el involucramiento de las comunidades en la discusión, diseño, gestión y evaluación de políticas pú­bicas. Al respecto el “Presupuesto Participativo”, gene­ralmente vinculado a otras decisiones económicas, se ha extendido a diversos tipos de sociedades desde las nórdicas hasta las amazónicas. No puede olvidarse por último, la influencia del Convenio 169 de la OIT que de­termina las consultas libres, obligatorias e informadas con las comunidades indígenas y tribales en países in­dependientes, respecto al uso de la tierra, el territorio y los recursos naturales en donde se asientan los pue­blos originales.

 



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