Purgatorio

Los Reyes de la “tenebra”...


Juan Manuel Juárez

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En Tabasco como en el resto del país, existe des­de hace mucho, la evidencia de una actividad (cuasi oculta) dedicada a crear ‘escenarios’ que se ofertan como certeros.

Así, hurgar en la vida privada de personajes pú­blicos, de la que no escapan empresarios, políticos, periodistas, activistas sociales, etcétera, etcétera, pa­reciera algo que debíamos estar acostumbrados -o re­signados-, pues era “normal”.

Empiezo por el Edén:

Fuentes consultadas advierten que esta actividad es ‘alimentada’ la mayoría de las veces desde el poder po­lítico y económico, pero también por la delincuencia organizada y particularmente el narco.

En la parte política y/o gubernamental, Tabasco ha tenido al menos dos gobernadores ‘afectos’ a la in­tromisión vía espionaje: Roberto Madrazo y Artu­ro Núñez, ambos de sólida formación priísta.

Madrazo, presidente nacional del PRI y a la postre candidato presidencial (perdedor) disfrutaba tener información privilegiada de los principales actores de su estado, pero también del país. Argumentaba, “ra­zones de seguridad” .

Otro ‘adicto’ al espionaje, desde su época - dos ve­ces subsecretario de Gobernación -, Arturo Núñez, acabó institucionalizando su chamba de ‘policía po­lítico’ a partir de que su jefe, Fernando Gutiérrez Barrios hacía de la ‘información’ un capital político impresionante.

Y así como esos exmandatarios se distinguieron por su proclividad a la ‘tenebra’, también hay al menos dos exsecretarios de Gobierno que se distinguieron y para nadie es un secreto, por su “siniestro accionar”: Humberto Mayans ( con Andrés Granier ) y Gustavo Rosario Torres.

Del mismo modo, se tiene identificados a los “cere­bros” y/o “operadores” al servicio de diferentes perso­najes.

Se sabe de al menos tres ‘genios’ de esta actividad ‘tolerada’, pero no por eso legal. Digamos que clan­destina. Omitimos sus nombres al venderse como periodistas y analistas políticos, aunque son harto conocidos.

Lo cierto es que a partir de la premisa de que IN­FORMACIÓN ES PODER, se ha ‘procurado’ y ‘ali­mentado’ el ‘florecimiento’ de esta gran ‘industria’ que sirve a intereses oscuros.

Le cuento todo esto a propósito de un estudio reve­lado recientemente en el que se dice que por lo menos 12 estados espían ilegalmente los celulares y compu­tadoras de sus ciudadanos.

Se asegura que sus gobiernos adquirieron soft­ware de espionaje que es capaz de infectar compu­tadoras y teléfonos celulares de cualquier persona y robar su información, sin que tengan facultades le­gales para hacerlo y sin que haya evidencia de que fue utilizado en operaciones legales de intervención de comunicaciones.

El estudio elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) sustentado en más de 600 solicitudes de información pública, pone en evidencia la adquisición y uso injustificado de estos programas así como el potencial riesgo que representan para mi­llones de ciudadanos en el país que desconocen que están siendo espiados.

De acuerdo con el estudio titulado: “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, revela que tres com­pañías mundiales –Hacking Team, NSO Group y FinFisher- especializadas en la intervención de dis­positivos de comunicación y cómputo, han vendido sus programas a gobiernos estatales en México.

El caso de la empresa italiana Hacking Team es el mejor ejemplo luego de que en 2015 se filtraran al pú­blico miles de correos y documentos internos de la compañía, los cuales evidenciaban que México era el principal comprador mundial de sus programas es­pías con una inversión de casi seis millones de euros.

La información filtrada reveló que esa docena de entidades del país tenían relaciones comerciales con la compañía de hackers a través de otras empresas in­termediarias.

Se trata de Baja California, Chihuahua, Duran­go, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Cam­peche.

 “La gran mayoría de las autoridades que adquirie­ron el software Hacking Team no poseen facultades legales o constitucionales para intervenir comunica­ciones privadas por lo tanto su adquisición como su uso es claramente ilegal”, sostiene el estudio.

Tras la filtración de los documentos de la empre­sa italiana, algunos gobiernos en México justificaron la adquisición de dicho software bajo el argumento de que estaba destinado a sus fiscalías que son las únicas facultadas por la constitución para intervenir comu­nicaciones. Pero el informe de la organización R3D concluye que no hay sustento para hacerlo.

“Los datos obtenidos mediante solicitudes de ac­ceso a la información pública levantan serias dudas sobre su uso legal o sobre la justificación de la inver­sión realizada”, indica el informe.

Conviene hacer notar que si bien el gobierno de Ta­basco no aparece en el citado informe, hay que decir que las tareas de espionaje más que acreditadas.

En el caso concreto del gobierno de Adán Augus­to López Hernández, no tendría cabida tal actividad a partir de la declaratoria del Presidente López Obra­dor de que en México ‘ya no se es espía a nadie’ y la consecuente desaparición del CISEN.

Sin embargo, la pregunta obvia es ¿ dónde queda­ron los equipos que adquirieron otros gobiernos?.

¿Se siguieran usando desde la clandestinidad ? O desde alguna oficina en particular.

Arturo Abreu, sabe mucho del tema, no solo por su responsabilidad de hoy como titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del gobierno de Tabasco. Si Adán confía en él, no tenemos por qué desconfiar de él ¿O, usted qué opina?.

 



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