MANIFIESTO

Sin Derecho no hay desarrollo


José Chablé Ruiz

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La campaña de desinformación que propagan algunos grupos en contra de las reformas al Código Penal que garantiza la inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los tabasqueños, se da en el marco del respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas que contempla la Constitución Política de México y a los tratados internacionales, que hacen valer los gobiernos federal y estatal.

¿Por qué la adjetivamos como campaña de desinformación? Porque los promoventes faltan a la verdad, objetividad y a un razonamiento jurídico, que sustente y argumente el ánimo del gobernador Adán Augusto López Hernández de conculcar derechos tan elementales como los de expresión, asociación, reunión o de libre tránsito en territorio tabasqueño.

Las reformas al Código Penal la fundamentaron conforme a derecho y la explicaron ampliamente en el debate parlamentario en el Congreso del Estado los diputados de Morena, Julia del Carmen Pardo Contreras, Exequias Braulio Escalante Castillo, y Rafael Elías Sánchez Cabrales; los diputados del PRD, Agustín Silva Vidal y Ricardo Fitz Mendoza, y el diputado independiente José Manuel Sepúlveda Del Valle, en el que sostienen que se castigarán las conductas de las personas como "las extorsiones, coerciones, que intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local".

Con Morena hecho gobierno, no se puede permitir que pseudorigentes sindicales conculquen la existencia de las libres empresas y menos que se niegue a los tabasqueños a tener más empleos y bien remunerados.

Las reformas penales son motivadas por los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Estos últimos anotan que "sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible".



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