TELÉFONO ROJO

Investigación al pasado


José Ureña

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La instrucción superior es investigar a fondo. No dejar ningún acto de corrupción impune. La sociedad no perdonaría una campaña contra enriquecimientos y desvíos del pasado sin los castigos correspondientes.
 
Por eso los responsables de instituciones de gobierno cumplen perfectamente el ordenamiento, y por eso hay muchos expedientes abiertos.
 
Unos públicos, como el de Emilio Lozoya, y otros en privado aunque se hayan dados visos de perjuicios a la nación desde distintas posiciones.
 
HABLEMOS DE ALGUNOS CASOS:
 
A José Narro Robles, a quien como ex secretario de Salud se ligó a mafias comerciales de medicamentos e instrumental médico.
 
Se le investigó y, al fin hombre honesto, no se encontraron responsabilidades por acción u omisión.
 
El segundo es David Penchyna Grub, ex director del Infonavit.
 
En una conferencia rutinaria en Palacio Nacional se le acusó de percibir ingresos “de 700 mil pesos mensuales”, pero se investigó y fue afirmación sin sustento.
 
Tampoco se le detectaron malos manejos con los créditos, las carteras del organismo o con los muchos contratos manejados.
 
Y por ahí andaba la llamada estafa maestra, de mucho escándalo mediático, pero hasta ahora sin sustento, para involucrar a ex funcionarios de Enrique Peña.
 
NO OBSTANTE, EL PASADO SIGUE SUJETO A JUICIO, Y BIEN HECHO.
 
¿Y qué con el presente?
Hay acciones como los contratos asignados recientemente a Carlos Lomelí en el abasto de medicamentos a instituciones públicas de salud.
 
A él sólo se le investigan lazos con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.
 
Como son muchos los ejemplos y en su momento causarán escándalo –ojalá no sea hasta el próximo sexenio-, hablemos de otro caso puntual.
 
En este momento la agencia -supuestamente de Estado- Notimex acapara señalamientos por malos manejos.
 
Pero no se investigan las denuncias de los despedidos y trabajadores violentados con la dirección de Sanjuana Martínez.
 
Ahora la Función Pública se centra en el pasado. Según su información, se indagan “uso indebido de recursos públicos, probable conflicto d einterés y posible tráfico de influencias”.
 
¿De ahora? No, de sexenios anteriores.


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