INVITADO

De prácticas monopólicas


Mouris Salloum George

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ILUSTRAREMOS EL TEMA CON EL PAPEL QUE JUEGA LA COFEPE.
 
En entrega anterior nos referimos a la extorsión como un deporte nacional en nuestro país. En la Ciudad de México, en esa disciplina, hasta el más tullido, es alambrista, según dice la raza de bronce.
 
Ilustraremos el tema con un ejemplo macro en que juega papel estelar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofepe).
 
Ese órgano autónomo del Estado tiene una definición para principiantes: La competencia económica significa rivalidad entre empresas que participan en el mercado aplicando sus mejores estrategias de manera de minimizar costos y maximizar las ganancias y así mantenerse activas e innovadoras frente a otras empresas rivales.
 
La función de dicha Comisión gira sobre el artículo 28 que prohíbe las prácticas monopólicas. Uno de los mercados en que las sanciones de ese ente causan más alergias, es en el de Telecomunicaciones.
 
La Corte sentencia caso de conspiración especulativa.
 
Aquí va una de polleros, pero no de los que hacen su agosto con la trata de personas, sino de los corporativos que se dedican a la cría y venta de pollos.
 
Sin alterar el orden de los factores, recordamos una sentencia no muy lejana de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que ratifica una penalización de 130 millones de pesos impuesta por el órgano regulador a dos empresas que, según las crónicas de esos días, conspiraron para manipular (al alza) el precio de la carne de pollo.
 
Los corporativos castigados fueron Bachoco y Pilgrim´s, dos de las compañías con la más amplia cuota del mercado de consumo nacional.
 
No estorba destacar que, por el precio respecto de las carnes rojas, el pollo es un alimento de primera necesidad más buscado por las clases media y baja.
 
Por supuesto, la producción de esa carne blanca se expone a fenómenos climáticos, accidentes o robos en carreteras federales y otras contingencias.
 
Exigen un moche de 500 pollos per capita Llegamos a esta semana en la Ciudad de México. A despecho de la Procuraduría Federal del Consumidor, los comerciantes metropolitanos aprovechan cualquier pretexto para subir abruptamente los precios al público cuando no -como en las grandes tiendas de autoservicio- aplican incrementos hormiga.
 


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