EL TABASQUEÑO

Qué es y dónde está la verdadera corrupción


Héctor Tapia

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• El PRI creó instituciones, pero también las pudrió

• Cuando ‘hacer política’ se volvió un negocio

 

 

La palabra corrupción está de moda. Se cree, incluso, que gracias a ella —y lo que para cada quien representa— tenemos hoy un nuevo régimen de gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, un líder que blande en una mano la bandera de la honestidad y en la otra una espada con la que promete destruir la podredumbre, el soborno, el cohecho…


¿Pero qué es la corrupción? ¿Qué imagen llega a la cabeza del pueblo al escuchar esa palabra? ¿Habrá conciencia real de lo que es la deshonestidad sistemática o sólo de aquella corrupción individual a la que se enfrentan los ciudadanos en su cotidianidad?


Esta entrega intenta desentrañar lo que hay detrás del concepto y no solo de la palabra, pues para entender la corrupción en toda su profundidad hay que ir más allá de las definiciones académicas, como, por ejemplo, la de la RAE que señala: “es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar)”.


Tampoco la etimología de la palabra agrega mucho, pues de forma abstracta nos explica que nace del vocablo ‘co-rrup-tio’, el cual se compone de: ‘con’ = junto + ‘rumpere’ = ‘hacer pedazos’ + ‘tio’ = que es igual a la ‘acción de corromper’.


En la búsqueda etimológica encontré una frase usada en latín que define en tres palabras lo grave que puede ser la corrupción: corruptio optimi pessima (la corrupción de los mejores es la peor de todas).


Con esa definición podemos hallar ya un concepto: La clase educada y la de nuestros gobernantes es la que más impacta negativamente a un pueblo o una sociedad cuando se corrompe. Si esta tesis la aterrizamos en la esfera del gobierno podemos sintetizar la corrupción como “la apropiación de lo público para beneficio privado”, un concepto acuñado por Transparencia Internacional.


Es muy importante entender a qué se refiere el Presidente de México cuando habla de acabar con la corrupción, porque muy posiblemente un campesino piense en el coyote ladrón que se queda con su cosecha a un precio regalado; o el ama de casa en el carnicero del mercado que tiene alterada la báscula para despachar kilos de menos; o el automovilista en la gasolinera que siempre le sirve litros de menos… O en aquel agente de tránsito que le quitó 200 pesos la semana pasada por ir hablando por teléfono mientras manejaba...

 


Pero no, la corrupción que pesa, la corrupción que le duele a México, la que le impide crecer, es la ‘sistematizada’, la que burla licitaciones, la que encarece la obra pública o la hace de mala calidad, la que crea miles de empresas fantasmas para desviar dinero público, la que se alía con particulares para saquear bienes públicos.


Esa es la que tiene perfectamente ubicada López Obrador, sus propias palabras así lo dan a entender, por ejemplo el pasado 20 de marzo dijo: “Había muchos abusos en general. Estaba podrido el gobierno, putrefacto. Una corrupción generalizada. Entonces estamos limpiando, el cochinero, con todo respeto a los cochinos. Se acaba la corrupción en todo”.


Bien, pero ¿cómo llegamos a esto? Veamos.

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El PRI gobernó la Presidencia de la República y a todo México de manera hegemónica durante 71 años. En sus inicios, como PNR, sus objetivos fueron la unificación de los elementos emanados de la Revolución Mexicana, los cuales le dieron vida como partido, y además mantener el orden legal, tan importante en aquellos días de 1929.


Pero fue precisamente esa permanencia hegemónica la que más daño causó al país, pues el partido, si bien puede presumir de ser creador de instituciones, también debería avergonzarse por ser el principal responsable de agujerearlas y podrirlas con la corrupción, especialmente en los últimos años cuando asumió políticas neoliberales que privilegiaron el capitalismo por encima del desarrollo social.


La podredumbre alcanzó al PRI cuando su hegemonía dejó de ser ideológica y se transformó en uno, y más tarde en varios grupos, unidos entre sí por intereses económicos. Fue entonces cuando ‘hacer política’ se volvió un negocio y las carreras políticas se convirtieron en maneras constantes de beneficiar a esos grupos de poder aliados con las clases empresariales dominantes.


Es entonces cuando la corrupción deja de ser aislada y se convierte en metódica y organizada, controlada por los gobernantes y la alta burocracia y ésta derrama hacia los mandos medios y así sucesivamente, corroyendo todo a su paso. Extraviado completamente el fin principal de la política en el PRI gobernar significó garantizar la continuidad del saqueo de recursos públicos y todo empeora porque esos mismos recursos son usados para hacer campaña y seguir enriqueciéndose a costa del erario público.


Hay autores que citan a Karl Marx para hallar en el capitalismo las razones de la corrupción metódica, pues para el marxismo es parte del ADN “la tentación capitalista de enriquecerse no tanto con la producción como con la riqueza ajena existente”, lo que lleva a hacer abuso de poder o de autoridad para obtener provecho económico o estratégico.

Con el PRI en México la corrupción sistemática se fue sofisticando, hasta llegar a esquemas como el utilizado en ‘La estafa maestra’, un escándalo con mecanismos muy refinados que permitieron el desvío de 7 mil 670 millones de pesos a través de 11 dependencias del gobierno federal, los cuales fueron entregados a 186 empresas, de las cuales 128 no debieron recibir recursos públicos pues no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para las que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.


En ‘La estafa maestra’ participaron ocho universidades, entre ellas cinco del estado de Tabasco (UJAT, UPCH, UTT, UPG e ITSC), las cuales sirvieron de fachada para traficar contratos por 3 mil 433 millones 683 mil 969 pesos, de dinero proveniente de Sedesol, Pemex, Fovisste, SCT, Senasica, Sagarpa, SEP, Banobras, Registro Nacional Agrario, Economía y el INEA.


Un escándalo que tuvo más represalias contra los investigadores, que castigo en contra de los corruptos, pues sólo dejó a cuatro funcionarios inhabilitados del servicio público, pero sí causó el despido de Muna Dora Buchain, directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, además de la expulsión de ocho personas que ayudaron a documentar la corruptela, la cual resultó transexenal pues también incluye al gobierno panista de Felipe Calderón.


Para dimensionar el tamaño del problema, hay que mencionar que existen estimaciones que hablan de que el valor de la corrupción en México representa 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es decir, que si según el INEGI el PIB del 2018 fue de 18 billones 614 mil 516 millones de pesos, esta cifra pone a la corrupción con un valor de 150 mil 777 millones 579 mil 600 pesos al año.


Por lo que no es descabellado considerar que la eliminación de actos ilícitos, moches y mordidas, podría dotar de recursos para proyectos productivos en los tres sectores de la economía, lo que provocaría una mejor proyección para el PIB y la posibilidad de que esto le aporte uno o dos por ciento más al mediocre 2% anual que estiman analistas para este año.


De ese tamaño señores.

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​​​Obligados por el escándalo de la Casa Blanca, Odebrech y la propia ‘Estafa maestra’, en el último tramo del gobierno priista de Enrique Peña Nieto se realizaron reformas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, un organismo burocrático que aún se encuentra en fase implementación.


Por otra parte el discurso del actual presidente AMLO declarando la separación entre el poder político y el económico, y el anuncio de que con su llegada al gobierno se ha terminado ya con la corrupción tolerada desde la alta burocracia, muestra el interés de ponerle fin a esa triada (Gobierno-Partido-Empresa) que operó durante el régimen priista y que sistematizó por años la corrupción.


También se ha dejado en evidencia que en los últimos 30 años el régimen priista omitió la creación de entes fiscalizadores e incluso, apenas hace algunas semanas el Congreso de la Unión incluyó dentro de un nuevo catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el de la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.


Todas estas acciones aunque parecen acciones positivas encaminadas a combatir la descomposición, corren el riesgo de quedar en narrativas mediáticas, si no se realiza una revisión de la eficacia de los sistemas y fisåcalías que han sido recientemente creadas para el combate de las corruptelas, debe cuidarse que no sean simples entes burocráticos para dar empleos, y que de verdad sirvan de control para arrancar de raíz esa hidra de mil cabezas y evitar que retoñe.

 

 

UN ADAGIO:
“Estaban secuestradas las instituciones por bandoleros, por una pandilla de rufianes, corruptos. No luché, ni me apoyó la gente para llegar aquí para convertirme en alcahuete de corruptos. Cero impunidad”. / AMLO


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