EL TABASQUEÑO

El Congreso: Entre pifias y ocurrencias


Héctor Tapia

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+ 80% de los diputados sin idea de lo que es legislar.

 

+ Unidad de Inteligencia Patrimonial, aberración legal.

 
 
 
La primera pifia cometida por el Congreso Local ocurrió el mismo día que inició su ejercicio constitucional, pues al presentar —con fines mediáticos— la desaparición del fuero y ponerse como ejemplo nacional, en realidad lo que provocaron una vez que aprobaron y publicaron el decreto el 18 de septiembre pasado, fue entrar en colisión con la Constitución Federal que aún el día de hoy conserva esa protección.
 
En opinión de un abogado constitucionalista consultado por el que escribe, los 35 legisladores locales y los 17 presidentes municipales siguen actualmente con fuero, pues sus juramentos los hicieron ante la Constitución local anterior (la que no había sido reformada) por lo tanto se aplica lo que ellos juramentan ante ese estatuto, pero además a nivel federal aún sigue existiendo el fuero, por lo que de haber algún procedimiento judicial en contra de estos personajes no procedería ni siquiera la investigación, aunque la última palabra la tendría la Suprema Corte.
 
 
Los 21 diputados locales de Morena que conforman la
LXIII Legislatura local, no deben olvidar que están ahí porque el primero de julio los tabasqueños decidieron darles la oportunidad de liderar el Congreso, y demostrar que las
cosas realmente se pueden hacer diferentes, pensando en Tabasco y no en sus propios intereses o los de sus jefes.
 
Tampoco deben olvidar que fueron votados en los 21 distritos electorales que existen en el estado, lo que demuestra el apoyo social y la responsabilidad que tienen. Y esto sucedió así por el hartazgo de aquellos que han llegado a esos cargos de elección popular creyendo que sus ambiciones de poder son más importantes que honrar su palabra y su promesa pública de servir a quienes aquí vivimos.
 
Los diputados de Morena están obligados a hacer respetar el Congreso Local, a tomar decisiones trascendentales para Tabasco y no sólo ocurrencias propias o impuestas.

¿Cuáles son las iniciativas que requiere el estado para resolver los grandes problemas que lo aquejan o para empujar su desarrollo?, esa es la interrogante que todos los legisladores locales deberían hacerse para no decepcionar.
 
Hasta hoy, de las 150 iniciativas presentadas del 5 de septiembre de 2018 al 19 de febrero de 2019, un 52 por ciento pertenecen al Poder Ejecutivo, algunas entregadas directamente y otras a través de la bancada de Morena o de algunos de sus legisladores; en su mayoría son reformas para la instalación del nuevo Gobierno Estatal.

Han transcurrido ya 171 días desde que arrancó la legislatura y ya acumulan 99 iniciativas estancadas en comisiones, que representan un 70 por ciento del total de recibidas, mientras que las 51 aprobadas (30%) provienen directa o indirectamente de la gubernatura.

El origen de este desorden y los demás que narraré más adelante pueden deberse entre otras causas, a la desaparición de la figura del asesor parlamentario —recortado por esta legislatura como medida de austeridad— y a la ignorancia en materia legislativa que prevalece en el 83 por cientos de los diputados (29 de ellos) que nunca habían pisado un parlamento.
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La mayoría parlamentaria que tiene Morena le permite subir al pleno prácticamente cualquier tema sin seleccionar qué realmente vale la pena o qué finalmente sí será dictaminado. Esta situación tiene estancado el trabajo en comisiones, como la de Seguridad que acumula más de 16 iniciativas, mientras las únicas que proceden son las del Ejecutivo.

Todos los diputados se sienten en la obligación de presentar iniciativas y eso los hace llevar al pleno propuestas como ¡la de prohibir el reguetón! o la Ley de Estacionamientos Públicos de Ricardo Fitz la cual choca con una anterior que dice con claridad que son los ayuntamientos los únicos facultados para regular en la materia.

Otra iniciativa duplicada es la del Control del Ruido presentada por Rafael Sánchez Cabrales, pues también es inconstitucional al existir una anterior que deja en claro que estas prohibiciones pertenecen a los ayuntamientos, para lo cual ya existe un exhorto presentado en 2015.

Si hay sensibilidad, humildad y ganas de hacer bien las cosas, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) deben actuar con rapidez, poner orden y remediar de alguna manera la ignorancia de los diputados y así dejar de estar dando palos de ciego.

No lo olviden, tienen que pensar primero en Tabasco, en los problemas que lo aquejan: El desempleo, la inseguridad, las crisis recurrentes en el sector salud.

Algunas ideas: ¿Qué tal una Ley de Primer Empleo? o ¿una revisión a fondo a la Ley de Seguridad Pública que le dé sustento a esa Secretaría en cuanto a la protección ciudadana y la prevención del delito y no sólo se reforme para cambiarle el nombre como ocurrió ahora? ¿Cuándo armonizamos la ley federal con la estatal de Salud? ¿Y si proponemos crear un centro de investigación para enfermedades del trópico?

Señores diputados, pongan la ética en sus decisiones y si tienen dudas resuélvanlas preguntándose como Aristóteles: “¿Esta acción me hace un mejor ciudadano o no?”
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Tabasco se sumó esta semana a una docena de estados que ha venido integrando a sus estructuras de Seguridad la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, en cumplimiento a un acuerdo firmado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 8 de abril de 2013, -lo que muestra que el acuerdo estuvo sin cumplirse durante todo el sexenio de Arturo Núñez-.

Este acuerdo finalmente fue refrendado por el gobernador Adán Augusto López Hernández, que envió al Congreso Local una iniciativa el 12 de febrero de este año y  seis días después (el 18 de febrero) la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil analizó, dictaminó y sometió al pleno la ley sin modificarle ni un punto ni una coma.

La legislación para la creación de esta unidad ha causado extrañeza en los círculos de la abogacía tabasqueña por varias razones que a continuación enumero:

I. El fin de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) es perseguir delitos del orden patrimonial, una facultad conferida por el Artículo 21 de la Constitución Federal en exclusiva al Ministerio Público y/o al fiscal, con apoyo de la policía de investigación, por lo tanto no puede ser que esta nueva oficina esté adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana encargada  de prevenir los delitos, no de investigarlos.

II. Todo lo concerniente al tema financiero es facultad federal: ¿Qué hará  -esa unidad de inteligencia?, ¿De qué forma va a operar?, ¿Cómo obtendrá información de los bancos si no está facultada para solicitarles accesos a sus clientes? Todas éstas son facultades federales, por lo tanto no podría revisar cuentas bancarias.

III. En todo caso si la UIF tuviera como único fin recabar información de ciudadanos vía de la intervención cibernética o de telecomunicaciones, también podrían haber violaciones a los derechos humanos si escudriñan la vida y patrimonio de alguien sin un mandamiento judicial, según lo contempla el Artículo 16 constitucional.

Al hacer una revisión de cómo operan estas unidades de inteligencia en cinco estados encontré que en Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Chiapas, las UIFs se encuentran adscritas a las Procuradurías y/o Fiscalías de estos estados y funcionan como herramientas de investigación  del Ministerio Público. En el caso de Zacatecas, la oficina se encuentra integrada a la Secretaría de Finanzas de aquel estado.

Ante el evidente yerro legal del Ejecutivo, la Comisión de Seguridad no tuvo el conocimiento, ni la asesoría legal o legislativa (¿habrán leído siquiera el documento?) para enmendar el dictamen y evitar de esa manera que las acciones que desempeñe la UIF puedan considerarse nulas pues la nueva institución no tiene facultades constitucionales, por lo tanto es un órgano inconstitucional, ilegal, indebido, arbitrario e incongruente.

Finalmente, sin filias ni fobias y sólo como remate: Es increíble que el resolutivo aprobado no exija ninguna experiencia o nivel mínimo de estudios, lo que abre la puerta a que técnicamente un analfabeta pueda ser titular de la Unidad.
 
 
 
 
 
 
 
UN ADAGIO   “La desigualdad entre los 3 poderes en México es grande, no es institucional, es de facto”. / OCTAVIO PAZ / UNA VUELTA A SU VIDA
 
 


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