PLUMA DE GRUPO CANTÓN

Miseria política


Porfirio Muñoz Ledo

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Durante el último año, con motivo del debate político suscitado por las elecciones generales, se han revelado algunos consensos nacionales cuya puesta en práctica desataría de inmediato círculos virtuosos para el progreso económico y la estabilidad social del país. Me refiero en concreto a dos: primero, el abandono irreversible del paradigma represivo para combatir la drogadicción y la violencia a fin de privilegiar un enfoque centrado en la salud pública. En segundo término, la falaz vinculación entre el salario y la inflación que ha dejado en la potestad de las autoridades financieras la determinación de los índices de bienestar mediante otra mecánica represiva que castiga el ingreso de los trabajadores por decreto del gobierno.

Resulta innecesario reiterar que los salarios mínimos establecidos, así como los topes arbitrarios fijados para las remuneraciones contractuales, son ostentosamente contrarios al espíritu y la letra de la Constitución. En la agenda básica para este período legislativo todos los partidos coinciden en modificar el régimen salarial vigente durante más de treinta años –aún aquellos que en el ejercicio del poder decidieron envilecerlo-. También los sectores productivos, comenzando por los empresarios, reconocen que la expansión de un sólido mercado interno es indispensable no sólo para extirpar la afrentosa desigualdad, sino para estimular el crecimiento económico.

El principal ideólogo de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón, abogó en su programa de 1906 por un salario mínimo de un peso, que se logró hasta fines de los años veintes y que el General Cárdenas llevó hasta 2.50 pesos, lo que apenas aliviaba las pérdidas del poder adquisitivo de la moneda y las resacas de las devaluaciones. Poseemos en nuestro tiempo los instrumentos estadísticos para determinar con precisión el deterioro del poder de compra de los trabajadores en cada nivel de remuneración. Conocemos la relación entre la línea de bienestar y el ingreso por familia. Podríamos cumplir puntualmente, si así lo decidiera el Estado Mexicano, el mandato del artículo 123 constitucional que a la letra dice "Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos."



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