PLUMA DE GRUPO CANTÓN

Los salarios y el nuevo gobierno


Porfirio Muñoz Ledo

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He escrito recientemente que las tres condiciones básicas para emprender la cancelación del ciclo neoliberal son: la reaparición del Estado en la regulación de los procesos económicos, el fin del saqueo de los recursos naturales y su entrega al extranjero – primordialmente los hidrocarburos-, y la elevación consistente de los salarios en el corto plazo. Esta última es quizá la más importante e indetenible, ya que desde hace treinta años nuestra inserción en la globalidad comenzó por el sacrificio de los trabajadores. La abolición de un sistema colonial implantado desde Hernán Cortez basado en el extractivismo, el rentismo y la explotación salvaje de la mano de obra. El Colegio de México ha publicado un estudio sobre la tremenda disparidad en los ingresos de los mexicanos. Señala que la pobreza ha crecido exponencialmente y afecta a la mayoría de la población. Peña Nieto ha afirmado que la "brecha salarial" entre las clases medias y la clase obrera ha disminuido. Esto es cierto, pero el argumento es falaz. Lo que ha ocurrido es la contracción de los ingresos del estamento medio de la población, que se han derrumbado en proporción semejante a las remuneraciones más bajas. Este fenómeno es conocido como la "proletarización de las clases medias". He probado que el incremento de los salarios mínimos repercute en cadena sobre todo el universo salarial; sea en su elevación o en su caída, según la política que se adopte. Hace más de cuarenta años verificamos que el 35% de la población se veía favorecida por el incremento de los salarios mínimos, tanto los trabajadores de las empresas privadas y los del gobierno, incluyendo a los de las fuerzas armadas, y con la sola excepción de los clérigos que disponen de otras formas de financiamiento. La CEPAL sostiene que México es el único país de Latinoamérica que disminuyó en el último lustro las percepciones económicas de la población y por lo tanto aumentó sustantivamente sus niveles de indigencia. Existe una relación directa entre la agudización de la pobreza y la política de retención salarial, que incluye el establecimiento inconstitucional de los topes contractuales también fijados el gobierno.

La depreciación del poder adquisitivo de los trabajadores es consecuencia de una caída de los salarios mínimos que asciende al 82% en los últimos cuatro decenios. Ésto ha sido posible por la "castración de los sindicatos" y la simulación de los contratos de protección.



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