Una fuga en la impunidad

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El pasado 26 de julio alrededor de 600 mil habitantes de los municipios de Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Paraíso se vieron afectados por un derrame de hidrocarburo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el municipio de Pichucalco, en Chiapas, que fue generado nada más y nada menos que por una ordeña fallida a un ducto ¿No que ya no había huachicoleo?

Esto generó que una fuerte cantidad de aceite se vertiera sobre el río Mezcalapa, Platanar y Carrizales causando el cierre de las plantas potabilizadoras para evitar que el suministro de agua. se viera afectado por el derrame. Nada más para que se den una idea, en Villahermosa de ahí proviene el agua para 30 colonias, 58 rancherías, 3 villas, 3 ejidos, además de los Hospitales de la Mujer y del Niño.

El Gobierno de Tabasco, además de su respuesta tardía, como es costumbre, minimizó los hechos, comunicando que fue por un acto vandálico y que además fue algo menor y que ya se estaba realizando el dictamen final de los estudios que estarían realizando en coordinación la Secretaría de Gobierno, el CEAS, Protección Civil y PEMEX, hasta el día de hoy, seguimos esperando ese dictamen.

Sobre el tema, es importante señalar lo siguiente: 1) No funcionó su sistema para detectar cuando hay variaciones de flujo en sus ductos, 2) No colocaron a tiempo las barreras acuáticas que impiden que el aceite se disperse, 3) Las barreras acuáticas que colocaron no fueron suficientes para detener la mancha, 4) Son cerca de 100 mil litros que sin duda tienen un impacto ecológico irreversible.

PEMEX busca evadir su responsabilidad con el argumento de que se trató de un acto vandálico y no hay autoridad que se responsabilice del daño aun cuando aplauden los 253 mil millones de pesos de “utilidades”, aunque no hay dinero que alcance para el daño a nuestro ecosistema. Nada de esto es menor en materia del agua, cuando hay estados que sufren su escasez, en Tabasco no se puede permitir la contaminación de nuestra materia prima porque se afecta directamente a sectores productivos y hogares tabasqueños poniendo en jaque una vez más a nuestra tambaleante economía. El Gobierno de Tabasco no debe ser el vocero de PEMEX y debe protegernos de este ecocidio.