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Opinión

Un nuevo tipo de Violencia de género: la Violencia Política contra las mujeres

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En Tabasco se han logrado avances significativos para proteger los derechos de las mujeres, y en el terreno político ha habido enormes esfuerzos para garantizar sus derechos político-electorales, alentando y asegurando su participación y presencia en los cargos de elección popular, sin embargo, no estamos exentos de actos violentos contra las mujeres. El pasado proceso electoral nos permitió ver que persisten conductas que reprochan la actividad política de las mujeres, intensificando campañas de desprestigio en redes sociales, con mensajes que reproducen estereotipos de género, cuestionando las capacidades de quienes contienden por un cargo electivo.

A diferencia de otros procesos electorales, hoy contamos con un marco normativo que vio la luz el 13 de abril del 2020, y que llegó a dar forma y definición a la violencia política, encaminando acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicarla, así como medidas de protección y reparación del daño a las víctimas.

De tal forma que el artículo 2, fracción XVIII de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Tabasco, así como el 19 Bis de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, definen la Violencia Política de Género como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.”

Cabe señalar que del artículo 19 Ter de la referida Ley de Acceso se desprende una serie de conductas que pueden constituir violencia política contra las mujeres, las cuales pueden ser cometidas por cualquier persona, ya sea en calidad de funcionariado público, como integrantes de partidos políticos, simpatizantes, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos electivos, medios de comunicación o la ciudadanía en general. Conductas que pueden ser denunciadas por la vía jurisdiccional, electoral, administrativa y penal.

En el caso específico del IEPCT, se sustancian a través de los procedimientos sancionadores, en los cuales se aplica la perspectiva de género, en todas sus etapas, así como en la resolución. Durante el pasado proceso electoral, en el IEPCT iniciamos 137 procedimientos especiales sancionadores por actos contrarios a la normativa electoral, de los cuales, 24 se iniciaron por violencia política contra las mujeres. Como consecuencia de estos, 17 personas han sido sancionadas por incurrir en este tipo de violencia, 15 hombres (1 reincidente) y una mujer, de diversas ocupaciones, tales como medios de comunicación, servidora y servidores públicos, candidatos, dirigentes partidistas y ciudadanos. Lo que nos posiciona en el tercer lugar nacional del registro de personas sancionadas en materia de violencia política de género, con un total de 18 registros.

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