Twitter prohíbe compartir fotos y videos personales sin consentimiento

La red social Twitter modificó su política sobre información privada para prohibir la publicación de imágenes o vídeos privados de otras personas sin su consentimiento, especialmente si dan lugar a acoso o la identificación de las víctimas.

Sharing images is an important part of folks' experience on Twitter. People should have a choice in determining whether or not a photo is shared publicly. To that end we are expanding the scope of our Private Information Policy. 🧵

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021

Compartir información privada en Internet sobre una persona sin su consentimiento es una práctica conocida como ‘doxing’, que puede poner en riesgo la seguridad de dicha persona, al identificarla ante un público anónimo, motivando incluso campañas de acoso.

El ‘doxing’ está prohibido en Twitter, como se recoge en la ‘política sobre la información privada’ de la plataforma, y por ella, no se permite publicar datos como número telefónico, correo electrónico, direcciones físicas o documentos de identidad. Tampoco se permite alentar a otros usuarios a hacerlo ni chantajear a la víctima para evitar su publicación.

Este martes, la compañía ha ampliado la prohibición a las imágenes y vídeos privados de individuos por el “creciente uso indebido” de estos elementos “como herramienta para acosar, intimidar y revelar las identidades de las personas”, según informa en su blog oficial.

Desde Twitter reconocen que la publicación de vídeos o imágenes tiene el potencial de “violar la privacidad de una persona” y de “provocar daños emocionales o físicos”. Y apunta a que su efecto puede ser mayor en las mujeres, los activistas, los disidentes y los miembros de comunidades minoritarias.

La compañía procederá a comprobar y eliminar la imagen o el vídeo publicado sin consentimiento cuando bien la persona afectada o un representante autorizado se lo notifique a la plataforma. No obstante, hay una serie de limitaciones, ya que se refiere solo a individuos privados, y no a las personas públicas o a recursos multimedia que puedan tener interés público, como en el caso de personas desaparecidas.

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