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El Tabasqueño

Seguridad, algo están haciendo bien

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. Tras 28 años de violencia, ¿inicia la pacificación?

. Cae 19.4% percepción de inseguridad en 5 años

 

Si nos preguntáramos qué tipo de ciudad quisiéramos que fuera Villahermosa, sin lugar a dudas cada quién imaginaría su ideal. Para hacerlo muy probablemente acudiríamos a las comparaciones con otras capitales, creo, con temor a equivocarme que para algunos inmediatamente aparecería Mérida como el modelo a seguir, aunque no faltarán aquellos que evoquen la historia de lo que fue esta urbe en el pasado con añoranza de recuperarla.

Pero estoy seguro que esa ciudad ideal que usted estimado lector y todos imaginamos, antes que funcional, ordenada y limpia tendría que ser segura para los que la habitamos, que garantice las posibilidades de convivencia para poder vivirla.

Lamentablemente desde hace décadas —desde 1994 aproximadamente— esta urbe tropical perdió su tranquilidad, entró en un espiral de inseguridad de la que no ha podido salir del todo, con grupos criminales apoderándose cada vez más de espacios y actividades ilícitas propias de mafias mayores y mejor organizadas.

No hay que olvidar las distintas etapas de la inseguridad que vivió nuestra ciudad, con los secuestros en el sexenio de Roberto Madrazo; la llegada de grupos criminales que se instalaron en Villahermosa y La Chontalpa con Manuel Andrade, con aquel lamentable momento en el que el ayuntamiento de Cunduacán fue atacado un 16 de julio de 2006 con bazucazos y ráfagas de AR-15 para intentar rescatar al «Comandante Mateo».

Todo ese terror siguió durante el sexenio de Andrés Granier Melo, con ataques a policías, encuentros a balazos entre bandas rivales y que tuvo uno de sus puntos más críticos ocurrió el 6 de marzo de 2007 cuando estos grupos delincuenciales atentaron contra el general Francisco Fernández Solís, entonces secretario de Seguridad Pública, quien abandonaba las instalaciones del Hotel Viva donde vivía. Su chofer resultó muerto y el perdió la vista en un ojo debido a la esquirla de una bala.

A la par de toda esa violencia de grandes grupos criminales, en el gobierno de Arturo Núñez también fueron creciendo los delitos que golpean al ciudadano: el robo de autos, a comercios, a viviendas, a transeúntes, las extorsiones a empresarios con establecimientos comerciales, lo que empeoró todo: violencia entre bandas criminales disputándose territorios para la venta de drogas, el tráfico de ilegales, el secuestro y el robo de huachicol.

Incluso se lucró en nombre de la seguridad, no se debe olvidar que al gobierno de Núñez se le autorizó desde el Congreso Local [para lo único que sirven los diputados] el 12 de junio de 2017 un préstamo por 700 millones de pesos para «la rehabilitación de infraestructura para seguridad, tecnologías, vehículos tácticos, y demás inversiones que habrían de otorgarle a Tabasco —prometieron— condiciones de mayor seguridad».

De ese préstamo se compró un dron de 12.8 millones de pesos, vendido por una empresa pantalla que compró y refacturó con un precio inflado al gobierno del estado un equipo que cuatro años después no ha podido ser puesto en funcionamiento. Además de otros equipos de los que en su momento Tabasco HOY tuvo copia de facturas condirecciones que resultaron ser casas, departamentos o lugares vacíos.

Fueron 28 años en los que se dejó anidar y crecer a la inseguridad, sin estrategias para combatirla, dando palos de ciego, utilizándola como pretexto para hacerse de más recursos, causándole daño a los tabasqueños que la padecieron. Hay decenas de empresas que cerraron a consecuencia de la inseguridad, otras más se fueron a Yucatán, Quintana Roo o Puebla, dañando al estado irremediablemente y obligando a familias enteras a buscar un futuro fuera de su terruño ante amenazas o el temor de extorsiones y secuestros.

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Herencia de esas casi tres décadas de violencia son las rejas, bardas y cámaras de seguridad que irónicamente en el pasado sólo eran usadas para recluir y vigilar a los delincuentes y hoy sirven para encerrar a los ciudadanos, que sólo detrás de esos barrotes viven con tranquilidad.

Tocar el tema de la inseguridad pública obliga a hacerlo con máximo cuidado, ya que su lógica no se mueve entre fenómenos que sean fácilmente explicables y casi siempre vienen acompañados de una mezcla de causa-efecto que la origina.

Entonces debemos distinguir algunos otros elementos de este fenómeno. En principio, la percepción que tiene la ciudadanía de Villahermosa sobre su seguridad, la cual aún se encuentra por arriba de la media nacional que es de 60.4 por ciento, contra los 74.0 por ciento de los tabasqueños que dijo sentir miedo, de acuerdo con última medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU).

Aunque Villahermosa se mantiene aún arriba de la media nacional ha venido descendiendo. Por ejemplo, en 2017, penúltimo año de gobierno de Arturo Núñez, Villahermosa era la ciudad más insegura de las 67 encuestadas por el Inegi con un 93.4%; un año después la ciudad se mantenía a la cabeza en inseguridad. Para 2019, primer año del gobierno de Adán Augusto López Hernández la percepción volvió a repuntar en el primer lugar con un 95.2 por ciento de ciudadanos temerosos.

Los siguientes tres años: 2020, 2021 y 2022, la percepción de los tabasqueños acerca de qué tan inseguros se sienten en su entorno pasó de 91.1% a 83.6% y 74.0% para este año, lo que representa estadísticamente una caída del 19.4 por ciento en la impresión de violencia o miedo en los últimos cinco años.

Por otro lado, las cifras en materia de seguridad pública en Tabasco nos indican que los delitos del fuero común muestran un moderado descenso en este sexenio, no así los delitos que antiguamente eran considerados de orden federal que marcan aumento. Estos últimos nada le dicen a los ciudadanos que en realidad se ven afectados en su patrimonio, en sus libertades y derechos.

Así tenemos que el comportamiento de los delitos de impacto social hasta abril de los últimos cuatro años de los gobiernos de Granier, Núñez y Adán-Merino reflejan los siguientes números: Robo a casa: AGM: 2,595; ANJ: 3,062; AALH-CMM: 2,354; Fraude: AGM: 2,258; ANJ: 1,492; AALH-CMM: 1,472; Robo a Transeúnte: AGM: 9,758; ANJ: 12,089; AALH-CMM: 4,343; AGM: Violación: 581; ANJ: 448; AALH-CMM: 424; total: AGM: 15,192; ANJ: 17,091; AALH-CMM 8,593.

En cuanto a delitos de alto impacto la conducta durante estos tres sexenios ha sido la siguiente: AGM: homicidios: 196; ANJ: 229; AALH-CMM: 445; secuestros: AGM: 29; ANJ: 118; AALH-CMM: 36; robo de vehículos: AGM: 1,758; ANJ: 2,711; AALH-CMM: 4,096; robo a negocio: AGM: 978; ANJ: 2,711; AALH-CMM: 2,310; total: AGM: 2,961; ANJ: 5,009; AALH-CMM: 6,887.

Al revisar los números podemos ver que el cambio de estrategia de la actual administración ha consistido en enfocar la seguridad en los delitos que más impactan al ciudadano, mientras que delitos de alto impacto como los homicidios siguen en aumento, aunque sabemos que estos en su mayoría están concentrados en ejecuciones entre grupos criminales ajenos al ciudadano común.

De acuerdo con especialistas para que un delito se cometa debe existir «una víctima potencial, un victimario con la intención de obtener un beneficio y un escenario ideal para cometer el acto». Esto quiere decir que si las autoridades de Seguridad quieren mejor los resultados para resolver el grave problema de la inseguridad, debe preocuparse porque estos tres elementos descritos líneas arriba no confluyan.

No olvidemos que una función inalienable del Estado es garantizar la Seguridad y por esa razón deben contraer compromisos con las distintas instancias de gobierno sin que importen competencias o jurisdicciones, se trata de que la inseguridad siga disminuyendo. Algo se está haciendo bien en esta administración, pero no se debe bajar la guardia.

Podemos detenernos cuando subimos,

pero nunca cuando descendemos»

NAPOLEÓN BONAPARTE

 

 

 

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