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Agua y Pantano

No más impunidad

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La prevaricación etimológicamente quiere decir desviarse del camino recto o caminar torcido y se configura dentro de las conductas ilícitas en que puede incurrir un juez o cualquier servidor público que administre o imparta justicia.

Al dictar una sentencia, un juzgador no puede violar precepto alguno terminante de la ley, ni puede ser ésta contraria “a las actuaciones legalmente practicadas en el juicio”, señala el Código Penal para el estado de Tabasco.

Este delito, por mencionar tan solo uno, cometieron los fiscales, jueces y magistrados que de forma arbitraria y abusando de su poder se ensañaron contra tres indefensos ciudadanos, que cometieron el error de estar en el lugar y a la hora menos indicada.

Gonzalo García, Héctor Muñoz y Juan Luis López fueron a prisión sin deberla ni temerla. Un simple testimonio de un hombre que supuso que uno de ellos lo quería secuestrar, motivó que fueran detenidos, torturados, procesados y castigados. Siete años y medio pasaron en la cárcel siendo inocentes. Ayer finalmente recuperaron su libertad y ni un “usted disculpe” recibieron de autoridad alguna. Y se fueron sin ánimo de hacer pagar a quienes les causaron tan infamante daño.

Sin embargo, el agravio cometido contra estas personas debe servir para sentar un precedente histórico en el estado de Tabasco, para que nunca más quienes tienen la misión de impartir justicia se aparten de la legalidad y actúen simplemente para satisfacer el deseo de un jefe o de una autoridad política. Menos aún para inflar estadísticas y aparentar resultados positivos.

La ministra Yazmín Esquivel planteó ayer que se dará vista a las autoridades para que se abran procesos administrativos y penales contra quienes torcieron la ley y violaron la Constitución en el caso Duda Razonable. El Poder Judicial tabasqueño no debe esperar a que esto ocurra. Por vergüenza debería separar de inmediato a los jueces Ana Gabriela Hernández y Francisco Alonso Trujeque, así como a Antonia Trinidad López del puesto que ocupa. Y mandar a la banca a los magistrados Rosa Isela Gómez, Lorena Concepción Gómez y Mario Díaz López, en tanto se les investiga por evidentes delitos contra la administración de justicia ¿O los van a proteger y hacer como que nada pasó?

EDICIÓN IMPRESA

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