Conecta con nosotros

Tabasco

No choca la ‘Ley Ingrid’ con libertad de expresión

Legisladoras catalogan la norma como un avance histórico para los derechos de las víctimas. Descartan que atente contra el ejercicio periodístico.

Publicada

en

246 Visitas

Tras la aprobación de la Ley Ingrid en Tabasco, la legisladora local, Katia Ornelas, descartó que choque contra la libertad de expresión, como han mencionado asociaciones civiles nacionales de periodistas.

Dijo que lo que se trata es proteger a la víctima y a sus familiares; es una forma de poner especificaciones y saber qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer.

Apenas el pasado miércoles, la Cámara de Diputados celebró la aprobación de la Ley Ingrid como un avance histórico para los derechos de las víctimas y contra la revictimización de las mujeres que sufren un feminicidio.

Todos los partidos aprobaron una reforma del Código Penal que castiga con hasta con 6 años de cárcel la difusión de esas imágenes, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Anteriormente, organizaciones de periodistas han cuestionado es te ordenamiento, al advertir que la norma da lugar a una interpretación jurídica que puede interferir en el ejercicio del periodismo y derecho a la información.

“No hablamos de información que pueda causar un daño a las víctimas, como en el caso de Ingrid, sino de información que la sociedad tiene derecho a conocer”, ha apuntado Leopoldo Maldonado, de la agrupación denominada Artículo 19.

En tanto que Diana Laura Rodríguez Morales, diputada de Morena, destacó la importancia de la misma en pro de la protección de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres víctimas del feminicidio, para que los servidores públicos y cualquier persona, se abstengan de compartir imágenes de sus cuerpos.

“Esta reforma, como muchas otras, es una respuesta a la violencia contra los seres humanos, en especial contra mujeres y niños, esta reforma nace debido al círculo de violencia, servidores públicos y amarillismo”, sostuvo.

De igual manera dijo que muchas de las fotografías donde se expone a las víctimas, son proporcionadas, en muchos casos, “por servidores públicos, que son los primeros en llegar a estas escenas y después las venden o las filtran? ”, sentenció.

VOTACIÓN UNÁNIME

La ley se aprobó con 35 votos a favor, y quien la viole, recibirá una pena de entre dos y seis años de prisión, además de una multa, en especial a los servidores públicos que difundan, vendan, revelen, compartan y publiquen imágenes, fotografías, videos, o cualquier otro gráfico que ponga en evidencia el proceso de investigación ante un hecho delictivo.

EDICIÓN IMPRESA

Tendencia