CDMX. Este martes el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los apartados de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que autorizan la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones o reuniones públicas que puedan tornarse violentas.

También ordenó al Congreso de la Unión legislar para establecer otros dos aspectos fundamentales omitidos en dicha norma: la finalidad y la sujeción del uso de la fuerza pública a los principios de racionalidad y oportunidad.

En su intervención la ministra ponente Norma Piña planteó invalidar los artículos 27 y 28 de la Ley, impugnada en una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el argumento de que transgreden los derechos de libertad de reunión y expresión.

PROHIBEN USO DE ARMAS

Expuso que, si bien estos artículos prohíben el uso de armas a las policías que intervengan en manifestaciones violentas, su redacción sugiere que puede hacerse uso de la fuerza contra “manifestaciones pacíficas y con un objeto lícito”.

De esta manera, por mayoría de 7 votos los ministros del Pleno determinaron que estas disposiciones no violan las garantías de libertad de reunión y expresión, e incluso consideraron que estas normativas lo que hacen es proteger a quienes participan en una manifestación.

Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar, dijo que “me parece que no hay razón constitucional para pretender que en una ley nacional se establezcan, lo que se manifiesta, por quienes están en contra, que debe ser materia de reglamento, de manual o de protocolos de actuación”.

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CDMX. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no actuó bien al invalidar la prisión preventiva oficiosa para delitos como contrabando, defraudación fiscal y facturas falsas, porque refleja que la justicia sigue al servicio del dinero y de los poderosos.

El Presidente dijo que se trata de “delincuentes de cuello blanco”. “Entonces no pueden ir a la cárcel los fifís”. Esta determinación será respetada por su administración pese a que está enfocada, dijo, a proteger a las minorías y los actos de corrupción.

“Hace falta lograr en otros poderes como en este caso, el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos”, dijo.

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