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Opinión

Ley ISSET 2015

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PEDRO GARCÍA FALCÓN

Después de diez iniciativas, junto a la del 21 de abril del año 2009, formulada por el entonces diputado Carlos Manuel Merino Campos, del Partido de la Revolución Democrática, finalmente se aprobó la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), vigente a partir del año 2016.

Lo anterior, con la expectativa de mejorar los servicios que proporciona la institución, a los entonces 260 mil derechohabientes, así como de sacarla de su problema económico; garantizar a los burócratas el “porvenir” al término de su etapa laboral; “evitar la discrecionalidad” permitida por el anterior marco jurídico; “asegurar las pensiones” de los más de 10 mil pensionados y jubilados (al 2015) que había aumentado de 510 millones de pesos a 1 mil 119 millones de pesos anuales en sólo 3 años.

La nueva Ley aumentó en un 100% las cuotas a los entes públicos, que pasaron del 13% del salario base de los trabajadores a un 26%, y a los trabajadores del 8 al 16%; siendo éste uno de los mayores reclamos, junto al aumento del tiempo laborado para jubilarse (mujeres de 25 a 30 años y hombres de 30 a 35 años) o la edad de jubilación por el aumento de la esperanza de vida (mujeres de 52 a 72 años y hombres de 63 a 78 años); así como una reducción en el porcentaje de su pensión del 100% al 70% del sueldo regulador (sin considerar otras prestaciones).

Esto propició la promoción de amparos de algunos trabajadores afectados (sin la defensa de sus sindicatos), así como por las acciones de inconstitucionalidad 8/2016 y 9/2016, promovida por diputados del PRI, PVEM y CNDH; misma que se mantiene en suspenso, al igual para que se resuelvan varios amparos en revisión, dado el Acuerdo General número 3/2016, de 18 de abril de 2016, del Pleno de la SCJN, por el que se aplazó el dictado de resolución ante los Colegiados.

El tema no es menor, por ejemplo, si declaran inconstitucional la Ley ISSET el instituto deberá devolver el 8% del salario de los últimos 7 años, a los más de 260 mil trabajadores, y pagar pensiones y jubilaciones al cien por ciento, lo que representa un significativo importe económico, con el cual no cuenta la institución de seguridad social. En caso contrario, y de quedar vigente la ley, van a requerir ese 8% por ciento del salario, a los trabajadores que obtuvieron una suspensión de amparo, lo cual considero inviable pero posible.

Las prestaciones laborales a que está obligado el ISSET han continuado en decadencia y otras son inexistentes, como los préstamos personales o los hipotecarios para adquirir casas; las condiciones económicas del instituto no mejoran y sus obligaciones de pago aumentan, particularmente por los jubilados y pensionados, mientras que los entes no cubren oportunamente las cuotas.

Varios artículos han sido declarados inconstitucionales, tanto de la Ley ISSET (3, 6, 78 y 98), como de su Reglamento (136 y 149), pero lo trascendente lo representan las acciones 8/2016 y 9/2016, que, tras 6 años de espera, el instituto los obliga a seguir laborando bajo las condiciones de una ley que está impugnada; una justicia retardada no es justicia.

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