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Opinión

Justicia para las mujeres, sólo en papel

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Gudelia Delgado Meza

Tabasco es el único estado que no cuenta con un Centro de Justicia para las Mujeres. En México hay 55 de ellos, Coahuila tiene cinco, 16 entidades cuentan por lo menos con uno. La opaca e infructuosa historia de la creación de uno de estos centros en nuestro estado, iniciada hace diez años, ilustra el desprecio institucional hacia las mujeres.

En 2012, el gobierno federal destinó 12 millones de pesos para la construcción de un Centro de este tipo en Nacajuca; inexplicablemente, hasta el 2018 se ejercieron los recursos para iniciarlo. El gobierno estatal solicitó entonces 20 millones de pesos más a la Federación para “continuar” con la obra que tendría un costo cercano a los 80 millones de pesos; se aseguró que había un avance físico del 15%. En ese mismo año la obra fue suspendida por un amparo. En febrero de 2022, la Federación aprobó destinar 15 millones de pesos para la creación de una obra, ahora en la colonia Gaviotas en Villahermosa, con el rimbombante y tramposo nombre de CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN TABASCO.

Aunque hasta el día 14 de agosto de 2022 no se ha puesto siquiera la primera piedra, el 3 de febrero pasado, en papel, el gobierno estatal creó esta entelequia en el periódico oficial, que “tiene por objeto coordinar, articular y vincular interinstitucionalmente a los entes públicos que ejerzan la función de procuración de justicia, seguridad pública, salud, educación, bienestar, desarrollo social, trabajo y otras cuya finalidad principal sean acordes con las atribuciones del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres en el Estado de Tabasco”.

Si el objeto del Centro es vincular a las instancias encargadas de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿de verdad requieren un espacio físico para que esa coordinación ocurra? Si hubiera voluntad política para cumplir con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas las instituciones responsables trabajarían de manera vinculada y eficaz aunque se ubiquen en puntos distantes del territorio estatal. Pero no sólo carecen de voluntad política, sino de sensibilización y conocimiento para garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos. Es una burla, una bofetada al rostro violentado de las mujeres tabasqueñas que ahora se nos anuncie que contaremos con un centro que, además de justicia, nos proveerá de empoderamiento e igualdad. ¿Saben las autoridades lo que el empoderamiento y la igualdad significan? Ni siquiera se tomaron la molestia de definir estos conceptos en su decreto de creación. Si esta obra funciona como ahí se describe, tendremos lo que siempre debimos haber tenido: impartición de justicia libre de estereotipos sexistas y revictimización. Que las instancias públicas actúen correctamente no se traduce en concedernos un poder, no tiene nada de “empoderante” que el gobierno haga su trabajo. Por otra parte, la igualdad entre hombres y mujeres —si acaso es eso a lo que se refieren— no es el resultado de la impartición de justicia, sino de la instauración de políticas públicas integrales para que las mujeres tengamos acceso a bienes y servicios en las mismas condiciones que los hombres, lo que tampoco depende de un Centro.

En el Tabasco de la creciente ola de violencias contra las mujeres, en el Tabasco que hace oídos sordos a la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género, resulta en extremo congruente que un centro de justicia eficiente sólo exista en el papel.

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