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Juicio, No venganza Política

Los actos de corrupción contra el pueblo, pueden ser denunciados en cualquier momento como violatorios de las garantías individuales.

La vida de los cinco expre­sidentes señalados de co­meter delitos graves corría feliz y tranquila, hasta el día que Andrés Manuel tomó posesión como presidente de México y prometió aca­bar con la corrupción y con la impunidad.

De tal manera que el enjuiciamiento a los expre­sidentes era sólo cuestión de tiempo, de valor civil y de co­yuntura. Todo mundo intuía – por la desfachatez y el cinismo con la que éstos exhibían su poder político y la riqueza mal habida–, que la serpiente de la corrupción les había clavado sus colmillos profundamente.

El valor civil lo tuvo Andrés Manuel, y la coyuntura se pre­sentó con su llegada a la Presi­dencia de la República. Y ahora los cinco exmandatarios y sus no pocos cómplices deben res­ponder.

¿Cuántos otros prohombres –entre ellos ministros, magistra­dos, jueces y procuradores (hoy fiscales)–, conspicuos empre­sarios y otros miembros de sus pandillas caerán con ellos en este juicio –que no cacería de brujas, como algunos etiquetan la deci­sión presidencial– punitivo?

La gente cree que llegó la hora de que rindan cuentas ante el pueblo al que traicionaron, a la sombra del poder presidencial.

DELITOS, NO PRESCRIBEN

Hay también, sin embargo, quienes creen u opinan que la consulta simplemente es anti­constitucional. Pero olvidan o desconocen que la legislación mexicana señala que los actos proditorios (pertenecientes a la traición, alevosía, felonía, ingrati­tud, engaño, complot, vileza, per­jurio, insidia, delación, infamia, maquinación, deslealtad o conju­ra) de tracto sucesivo (unidos por la misma intención delictuosa y por la misma naturaleza del obje­to, es decir, que exista unidad de relación y de fin”) no prescriben.

Más claro: los actos de corrup­ción contra el pueblo, pueden ser denunciados en cualquier mo­mento como violatorios de los derechos elementales o garantías individuales por cualquier go­bierno –en este caso el de López Obrador– o ciudadano afectado –en este caso el pueblo todo–, cuando decidan hacerlo.

SIN DEFENSA POSIBLE

Para el Presidente, resulta sor­prendente que los abusivos y quizá ignorantes exmandatarios, no supieran que cada vez que cometían sus actos desleales en contra del pueblo mexicano o complicitaban con el narcotráfi­co organizado, añadían un nudo más a la larga soga con la que aho­ra pueden pender del cuello, lo mismo que sus ya no tan ocultos cómplices de la elite política, de la cúpula empresarial, e, incluso, sus familiares involucrados.

Su ignorancia, sin embargo, no los exime del cumplimiento de la ley, puesto que este principio de Derecho indica claramente que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, por­que rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, han de saberla todos, más ellos que presumen haber estudiado en los colegios más prestigiados del mundo.

Por eso ahora más que nun­ca es legítimo y necesario –por clamor popular–, enjuiciar a los expresidentes y a sus comparsas. No se deben olvidar los fraudes, los abusos de poder, ni la voraz corrupción de los últimos treinta años. Es deseo de los mexicanos de a pie saber qué pasó y, desde luego, que se lleve ante la justicia a quienes resulten responsables. Esa ansia de conocer más allá de las mentiras sexenales, la mani­festaron los casi dos millones de almas que firmaron para pedir la consulta popular sobre los ex­mandatarios.

LA INVESTIDURA

Por esa ansia popular, el Pre­sidente se ha echado a cuestas dignificar la investidura presi­dencial, manchada por sus cinco antecesores. Sabe, sin embargo, que la tarea no ha sido ni será sencilla, pero se ha propuesto llevarla hasta sus últimas conse­cuencias (continuará).