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Opinión

Inteligencia patrimonial

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PEDRO GARCÍA FALCÓN

De acuerdo a cifras de las Naciones Unidas, el negocio del crimen organizado en su modalidad de narcotráfico se estima en 25 mil millones de dólares por año, solamente en el mercado mexicano, mientras que en el norteamericano es de alrededor de 300 mil millones de dólares; lo que representa un impacto en el sistema financiero y la economía de nuestro país.

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).

El objetivo de la operación consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero (CNBV).

En el año 2012, se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita , para proteger al sistema financiero mexicano, así como la economía del país; en ella se estableció cuales actividades se consideran vulnerables, tanto de entidades financieras (comúnmente bancos) como de profesionistas, servicio de construcción, desarrollo de bienes inmuebles, obras de arte, compra y venta de autos nuevos y usados, recibir donativos, y particularmente la fe notarial y correduría pública donde se generan un sin número de operaciones comerciales; todo muy común en nuestro diario vivir.

Prohíbe pagar o recibir el cobro mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en, por ejemplo, la compra de inmuebles de hasta $772,165.50 (8025 UMA), en compra de autos, joyas, arte, blindaje, apuestas, relojes hasta por un monto de $300,026.50. Las sanciones por no presentar un aviso van desde $19,244.00 a $192,440; si el notario no identifica la forma de pago la sanción puede ser de $192,440 a $962,200; y si pagan o cobran en efectivo la multa es de $962,200 y $6,254,300; éstas son muy drásticas, a mi parecer, y aunque existen pocos casos conocidos sobre ésta materia, no deja de ser un tema preocupante, en todo sentido.

Me queda la duda de si es correcto la creación de unidades de INTELIGENCIA Patrimonial y Económica, en cada Estado, cuando tales facultades corresponden exclusivamente a órganos federales, como la persecución del delito y aplicación de la ley antilavado. Particularmente en Tabasco, adscrita a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, donde más del 50% vive en pobreza, y no se ve su desempeño en forma alguna, ni tampoco del seguimiento a exfuncionarios públicos.

El caso de los Notarios y los Registradores no se transparenta su cumplimiento con la ley antilavado; es un área de oportunidad profesional dadas las obligaciones para registrarse como persona vulnerable, así como por la generación de informes y avisos que, en caso de negativa, podemos ser sancionados si habitual o esporádicamente hacemos una operación de compra o venta.

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