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Tabasco

Exhibe serie al sistema de justicia en Tabasco

El documental Duda Razonable contribuye a una mala percepción de que los defensores públicos no hacen bien su trabajo o no están bien preparados, señala defensor.

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El documental Duda Razonable que se transmite por la plataforma Netflix evidenció fallas en todo el sistema penal en Tabasco, incluyendo la defensoría pública, que se muestra como incapaz e incompetente.

Al inicio del juicio contra José Luis, Héctor, Gonzalo y Darwin aparece un abogado defensor titubeante, sin desenvolvimiento y cuyas preguntas, algunas carentes de lógica, son objetadas todas por el fiscal.

Aunque en los hechos, los defensores públicos enfrentan desconfianza ciudadana y gran carga laboral que limita su actuación y capacidad jurídica, de modo alguno son incompetentes e incapaces, afirma en entrevista el director del Instituto de la Defensoría Pública del estado, Arturo Peña de la Fuente.

INSTITUCIÓN MAL VISTA

El funcionario sostiene que el documental deja mal parada a la institución porque contribuye a alimentar la percepción de que los defensores públicos no hacen bien su trabajo o no están bien preparados, pero “se falta a la verdad”.

Aclara en este sentido, que el abogado que aparece en la película no es ningún defensor público sino un litigante particular.

“De nuestra parte interviene una abogada, pero solo en la primera audiencia que no se muestra en el documental y de ahí son otros abogados, todos ellos particulares, los que participan hasta que se emite la sentencia”.

ABANDONAN A ‘CLIENTES’

Peña de la Fuente explica que es un derecho del imputado decidir qué persona lo va a defender y eso orilla a que muchos de ellos caigan en manos de “coyotes”, es decir, de supuestos abogados que solo les sacan el dinero y no los defienden o los abandonan.

Esto también ocurre con litigantes que se hacen a un lado al sentir que el caso no les va a ser favorable y por tanto no les va a dejar dinero. “En ambas situaciones, cuando estos abogados abandonan a los imputados, intervenimos nosotros, pero ya cuando se ha perdido tiempo valioso, se han superado fases importantes para objetar a la fiscalía e incluso cuando se ha emitido la sentencia”, expone.

En el caso de José Luis, Héctor, Darwin y Gonzalo, refiere el funcionario, fue solicitada al instituto un defensor público en una de las fases de la apelación, lo que quiere decir que hubo una etapa en que se quedaron sin abogado.

“Nosotros no nos encargamos de promover el juicio de amparo, pero si nos pidieron enviar un defensor cuando la sentencia estaba emitida. Ahora el asunto está en pausa, esperando a que el tribunal colegiado resuelva y en su caso si se ordenara la reposición del procedimiento, podríamos volver a participar”, explica.

Actualmente, el Instituto de la Defensoría Pública cuenta con 54 abogados defensores para cubrir todo el estado, los cuales litigan por más de 11 mil asuntos, lo que quiere decir que a cada uno le toca llevar alrededor de 200, cifra que rebasa incluso el promedio nacional que es de 120.

INOCENTES A PRISIÓN

Miguel Suárez Sansores, representante de Red Inocente, A. C. sostiene que la defensoría pública es una de las áreas del sistema penal que tiene que transformarse para que cumpla con su función constitucional. “Yo no me he enterado que la defensoría tenga un caso de éxito”, donde un sentenciado haya dejado la prisión.

Y señala como principal irregularidad que los defensores, como norma, sugieren a sus defendidos, “echarse la culpa, porque no tienen otra”.

Por JOSÉ RAÚL REYES
GRUPO CANTÓN

tabascohoy.com

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