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Opinión

El Catastro Municipal

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El Catastro municipal tiene dos objetivos fundamentales, tener el registro de todos los predios que se ubican en el municipio, y establecer su valor para imponer el pago del impuesto de traslado de dominio, así como del impuesto predial.

Éstas funciones se han sesgado a otros trámites que caen en la ilegalidad, imponiendo requisitos y costos no previsto en la ley, sustituyendo la función notarial, de un juez civil o bien del registro público; siendo el único Estado que primero catastra y luego registra las escrituras públicas.

El caso de Nacajuca, Tabasco, donde impone mediante un simple papel, sin membrete ni sustento legal, LOS REQUISITOS DE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS: pedirlo por escrito, anexar fotos, escritura, plano, predial, credencial de elector y avisar a los colindantes. Esto genera un costo extra para quien paga la escritura pública, y está prohibido expresamente en la Ley Orgánica de los Municipios, que en su artículo 66 dispone que: “Queda prohibido a los presidentes municipales: III. – Actuar como Juez en asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes inmuebles”; al estar prohibido para el presidente es igualmente prohibitivo para toda la administración pública municipal, entre ellos, los subdirectores de catastro.

Otro trámite muy recurrente es la REVISIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA, sin sustento legal pero que sirve de embudo para retrasar la entrega de las mismas en tiempo y forma legal; lo mismo ocurre con la SUSPENSIÓN DE CUENTAS que, en el trienio pasado de Centro, Tabasco, fue usado de mala fe como terrorismo fiscal, de forma abusiva y dolosa.

L A D E C L A R A C I Ó N D E OBRA antigua es otra imposición para los Notarios, que se vuelve recurrente y que repercute en el ciudadano pues aumenta el costo de la escritura; si bien existe en ley la Declaración de Obra Nueva, no debe equipararse a la que es antigua, para imponer requisitos y costos, como el de protección civil, que aplican retroactivamente a inmuebles que se construyeron 15 o 30 años atrás, y que por una omisión catastral y de obras públicas, no se detectó a tiempo.

La VALUACIÓN POR LEY es un medio legal para determinar el valor de un inmueble, comúnmente cuando se aumenta la construcción y no se da aviso al catastro, pero la autoridad está obligada a notificarte al contribuyente, para efectos de que pueda impugnar el nuevo valor, y derivado de ello el aumento del impuesto.

Es NECESARIO el apoyo político y económico para que sea una institución profesional, confiable y enfocada en la recaudación y planeación de la infraestructura; que ya no es competencia del Estado, que los convenios que actualmente utilizan, y la ley catastral, son reliquias objeto de revisión constitucional; y que, por ello, los recursos económicos de modernización catastral, deben ser ejercidos por los Catastros Municipales, en mejorar su cartografía y realizar valuaciones. Y es aún más necesario, que se emita la Ley General sobre la organización y funcionamiento de los Catastros, que desde agosto del 2017 está pendiente.

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