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A algunos afectados por inundaciones en el año 2020 que bloqueaban vías carreteras, se les aplicó la ley penal ahora invalidada, criminalizando las protestas sociales.

Tabasco

Echan abajo ‘ley garrote’

Determina la corte que se criminaliza las protestas sociales; invalida los artículos 196 bis, 299, 308 y 308 bis del Código Penal de Tabasco.

LEOBARDO PÉREZ MARÍN
GRUPO CANTÓN

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron los artículos 196 bis, 299, 308 y 308 bis del Código Penal de Tabasco por considerar que se criminalizaban las protestas sociales, reforma aprobada en el 2019 por los diputados locales nombrada “Ley Garrote”; solo fueron avalados los numerales 307 y 196 esta legislación.

Durante la sesión pública que celebró el máximo órgano jurisdiccional del país, el ministro ponente de este proyecto José Fernando Franco González, explico que estas modificaciones fueron impugnadas por las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, además del partido MC, esta última fue rechazada.

LOS NUMERALES

Los artículos declarados inconstitucionales fueron el 196 bis, donde se señalaba que “Si alguien no tiene facultad legal e impide que se ejecuten trabajos y obras públicas o privadas, se le podrá aplicar una pena que puede ir de seis hasta los 13 años de prisión”.

El 299, donde se establecía que al que con actos materiales trate de impedir la ejecución de una obra o un trabajo públicos, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le aplicará de sesenta a ciento ochenta días de semilibertad y cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, se aplicará de uno a dos años de prisión

Otro artículo que fue declarado inconstitucional fue el 308, donde se establecía que la persona que dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años y finalmente el 308 Bis.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, argumentó que en el caso de los artículos 196 bis, 299 y 308 se tenían que invalidar porque se corría el riesgo de criminalizar las protestas.

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