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Delincuencia organizada, principal amenaza a Ley contra Lavado de Dinero: Santiago Nieto

Otro de los puntos tocados durante la conferencia es lo que respecta a la economía informal, a la que consideró como una barrera de protección del lavado de dinero.

Esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, presentó la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020.

En compañía de Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Jorge Meléndez Barrón, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Nieto Castillo identificó dentro de las amenazas que propician el lavado de dinero en el país a la Delincuencia Organizada.

El titular de la UIF detallo que la ENR es un diagnóstico que se realiza en torno a las políticas de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El funcionario destacó que la ENR identifica tres elementos: las amenazas, las vulnerabilidades y el delito precedente.

Santiago Nieto apuntó que la mayor parte de las conductas delictivas se basan en generar estructuras jurídicas y financieras para mantener un control territorial.

Dentro de las amenazas detectadas, el exfiscal de la FEPADE, enumeró a la delincuencia organizada, el nivel de los recursos de procedencia ilícita y la corrupción.

En cuanto a la delincuencia organizada, Nieto Castillo reveló que de las 19 organizaciones delictivas detectadas en el país, dos son las identificadas como de trascendencia nacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, así como ocho de impacto regional.

“El ataque a estos grupos delictivos debe hacerse a través de una dinámica de cinco ejes: el combate a los sicarios y a los líderes como se hace de manera ordinaria; el combate a sus estructuras financieras para evitar que sigan reproduciendo los mecanismos para poder pagar a sicarios y narcomenudistas; el tercero el combate a la corrupción política que los protege, sobre todo en los ámbitos locales; el cuarto el combate a la corrupción judicial, ministerial y policial que los genera protección jurídica y finalmente, el combate a la base social que los apoya”.

Respecto a la corrupción, el funcionario público dio a conocer que en 2017 el 61% de los mexicanos consideraba que en el país se vivía en un espacio de alta corrupción, pero hoy esa cifra ha disminuido al 44%.

Otro de los puntos tocados durante la conferencia es lo que respecta a la economía informal, a la que consideró como una barrera de protección del lavado de dinero, por lo que consideró como importantes los esfuerzos coordinados de la Secretaría de Hacienda en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por otra parte, Juan Pablo Graff, de la CNBV, identificó la falta de inclusión financiera como un tope que ha generado que aún se maneje efectivo en grandes cantidades, lo que afecta la correcta fiscalización de los recursos por parte de las entidades gubernamentales.