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Opinión

Basta de criminalizar a las víctimas

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El pasado 1º de junio, ante la denuncia pública de la desaparición de una residente médica, se realizó en Tabasco un operativo sin precedentes: el gobernador interino Carlos Manuel Merino informó en la reunión de la Mesa para la Construcción de Paz y la Seguridad en Tabasco, efectuada ese día en Paraíso, que dio instrucciones a las instancias correspondientes para localizar a la presunta víctima.

Una vez que la residente médica fue localizada, una andanada de discursos revictimizantes fue generada por autoridades, multiplicada por medios de comunicación y exacerbada por la opinión pública.

Juan Carlos Castillejos, vocero estatal, informó que la médica fue localizada en un hotel, con lo que, además de propiciar la estigmatización de ella, vulneró el debido proceso porque no deben revelarse detalles que afecten investigaciones.

La Fiscalía estatal emitió un presuroso comunicado; sin haber agotado las vías para la determinación de delitos, se afirmó que no había ocurrido privación ilegal de la libertad ni secuestro, esas conclusiones también dañan el debido proceso y someten a la presunta víctima al escarnio público.

El subsecretario de Movilidad de Tabasco, Miguel Ojeda, expresó en entrevista que la mujer por quien se inició el operativo de búsqueda no abordó un taxi ni solicitó transporte por aplicación digital y concluyó con la injuriosa frase: “Saquen sus propias conclusiones…”

Medios de comunicación organizaron un festín amarillista que inundó espacios noticiosos con la profusa divulgación de expresiones sexistas, tales como que la médica había “entrado por su propia voluntad al hotel”, o que “había salido a divertirse”.

Es indignante comprobar que las propias autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia son las primeras en violentarla. La Secretaría de Seguridad Pública difundió y proporcionó a medios de comunicación imágenes donde se observa a la presunta víctima, ¿esto no es un delito?, ¿esa instancia tiene derecho a divulgar imágenes sin el consentimiento de ella?, ¿acaso estas imágenes no forman parte de una investigación oficial?, ¿la difusión no afecta el debido proceso?

La estrategia mediática de criminalización es un reflejo del patriarcado que nos gobierna: desacreditar los dichos, los hechos, la misma vida personal de las mujeres para negar o minimizar los casos de violencia machista.

Desde la Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas exigimos la remoción de servidores públicos que revictimizan y afectan el debido proceso; la investigación a instituciones púbicas por la posible comisión de delitos; y que el mismo despliegue operativo ejecutado el 1º de junio se ejecute en todos los casos de mujeres desaparecidas.

EDICIÓN IMPRESA

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