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Opinión

Ayuntamientos libres de violentadores

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Garantizar que las mujeres puedan participar en todas las esferas de la vida económica, política, social y de toma de decisiones es una tarea que debe consolidarse a través de políticas públicas, de fortalecimiento y creación de legislación; y por supuesto, a través de la participación ciudadana.

Sin embargo, es también, parte importante en el trabajo de legislación el lograr que los mejores hombres y mujeres accedan a cargos y al ser vicio público, por ello, la exigencia de requerimientos morales y legales necesarios e indispensables para fortalecer nuestra democracia y nuestro estado de derecho.

Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas exige no solo aumentar la conciencia pública y la movilización social, si no así también, se requiere políticas públicas y legislación que contrarresten la escalada de los actos lascivos en contra de las mujeres.

Atendiendo a esta realidad lacerante, y encabezando una lucha a favor del reconocimiento de los derechos humanos de todas las mujeres, la organización política “Las Constituyentes Feministas” han encabezado a nivel nacional una iniciativa muy importante denominada “el 3 de 3 de violencia de género”, la cual propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público (pertenecer a cualquiera de las esferas y entes de gobierno) tres puntos básicos:1. No ser deudor de pensión alimenticia, 2. No ser agresor por razones de género y 3.- No ser acosador sexual.

Sumados a este esfuerzo en el Congreso hicimos un exhorto recogiendo esta visión y esfuerzo; ya que es muy bien sabido, que el problema de la violencia y trasgresión de los derechos humanos de las mujeres se ha acentuado de manera significativa en las últimas décadas, esta situación da origen a esta iniciativa inspirada en la propuesta “3 de 3 de violencia de género”; para con ello, lograr fomentar la erradicación de estas conductas y a su vez fortalecer la ética en los asuntos de orden público.

Lo que se busca es que ningún ayuntamiento cuente entre su personal con personas que tengan sentencias en firme de violencia de género; ya sea del poder judicial o deliberaciones de órganos autónomos o en su defecto de índole electoral.

La lucha incansable de todas las mujeres por las mujeres exige que absolutamente todas y todos los alcaldes y las alcaldesas limiten en su totalidad la participación pública de personas que hayan violentado a las mujeres.

Estamos ciertos que NINGUN AYUNTAMIENTO se negará a la petición.

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