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A un año de la masacre

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Unos dijeron que empezó a las tres de la tarde, otros que a las cuatro. Las autoridades reportaron que fue a las cinco. Esa tarde de 22 de junio, el Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco (CRESET) se tiñó de sangre.

La violencia más atroz desatada y sin freno en un espacio dominado por mafias y grupos delictivos. Se internos muertos y nueve heridos sería el saldo reportado esa tarde cruenta por la Secretaría de Seguridad, responsable de la administración de esta y todas las prisiones del estado.

Evidenciado el autogobierno, la corrupción y la incapacidad de las autoridades responsables, no hubo consecuencias. La Fiscalía estatal anunció una investigación, cuyos resultados nadie conoce, porque nadie exigió que se rindieran cuentas.

Al final, nadie tuvo que dar explicaciones sobre cómo y por qué estalló la violencia, quién no hizo su trabajo y permitió que un grupo de internos acopiara armas capaces de decapitar a al menos una de las víctimas.

Demostración de que a nadie interesan las prisiones. Lo que sucede dentro de ellas se oculta, se encubre, se invisibiliza, como lo señalara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su más reciente diagnóstico sobre el sistema penitenciario nacional.

El pasado 27 de abril ese organismo reportó que las cárceles de Tabasco ocupaban otra vez los últimos lugares en el país y que todas habían retrocedido en su evaluación anual. A propósito, de lo que se anotó en esta columna sobre el informe de la CNDH, un interno del CRESET nos escribió para denunciar: “Después de la matazón, que ya cumplió un año, nada se ha aclarado. El director y el jefe de vigilancia siguen en sus puestos, no fueron removidos y ellos saben muy bien quiénes fueron los que ejecutaron”.

“El cabo del patio general controla las tiendas y si alguien quiere tener algún puesto paga desde 500 a 2 mil 500 pesos mensuales”

“El pase de algún familiar se cobra de 200 a 500 y mil 500 si viene desde lejos y todo esto ordenado por el jefe de vigilancia. Cualquiera puede tener un teléfono, igual pagando 500 pesos la pasada, 300 la inscripción y 200 semanal”.

Se cobra por todo y para todo, asegura. Imperan el autogobierno, los abusos, la violencia y las extorsiones. Reina la impunidad y la corrupción.

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