DIRECTOR DE FINANZAS

Lavado de dinero: SAT

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En el año 2012 se promulgó una nueva Ley para evitar el lavado de Dinero, “Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, el objetivo de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional y por ello la autoridad hacendaria tiene el deber de vigilar el cumplimiento de la misma. Con la finalidad de que los contribuyentes no caigan en ese tipo de operaciones, han solicitado informes detallados de sus operaciones bancarias a través de cartas-invitación vía correo tradicional o electrónico. El resultado ha sido que, de los 65 mil empadronados ante el SAT que tienen “actividades de riesgo”, éstos no han cumplido, por lo que la autoridad emitió requerimientos para que cumplan, advirtiendo que hay multas hasta de 750 mil pesos para quien evada esta obligación. Las actividades vulnerables ( aquellas que tienen un alto riesgo de recibir recursos de procedencia ilícita) son: arrendamiento de bienes inmuebles, las notarías, la compra venta de joyas, relojes, piedras y metales preciosos, las cooperativas de ahorro, la comercialización de vehículos nuevos o usados, la prestación de servicios de traslado de dinero, las constructoras y las inmobiliarias, la comercialización de obras de arte, los Casinos y por supuesto los Bancos, pero lo nuevo son las empresas outsourcing; sin embargo, hay límites o montos para no declarar estas operaciones. Las empresas que tienen estas actividades consideradas como de riesgo en Tabasco, en su mayoría no han cumplido, pero no por desacato, sino porque muchas de ellas no tienen la capacidad, el conocimiento o el tiempo para llenar los formularios que las autoridades piden se realicen vía Internet. Las pequeñas y medianas empresas no cuentan con los equipos y software para cumplir con esta obligación, continuamente éstas son extorsionadas por la delincuencia y sólo faltaba que el SAT llegara con una amenaza de multa cuantiosa. El Instituto de Contadores Públicos tiene la oportunidad para exigir a la autoridad mayor claridad y que sólo se exija la aplicación de la “ley antilavado” a quienes realizan actividades vulnerables con recursos de dudosa procedencia.