En Arizona, los jefes de policía cambiaron de planes, los activistas recalibraron sus manifestaciones y la tensión pública se elevó después de que una jueza federal bloqueó las piezas clave de la Ley SB 1070 del estado, controvertida desde que se planteó. “Le damos la bienvenida, pero no es una victoria completa”, opinó Pablo Alvarado, director ejecutivo del Programa Nacional de Jornaleros en Phoenix, acerca de la decisión del miércoles. “Las condiciones que le dieron origen están todavía sobre la mesa”, agregó el hispano.

“Esta sentencia no aborda el odio. Las tensiones seguirán aumentando y algunas personas estarán más enojadas ahora”, agregó.

La juez de distrito Susan Bolton tomó la decisión de bloquear la polémica disposición que planteaba que cualquier autoridad en Arizona podría verificar el estatus migratorio de cualquier persona y legalmente detenerla o arrestarla si se deduce una “sospecha razonable” de que la persona es un inmigrante ilegal.

Alvarado dijo que su grupo y otros seguirían adelante con los planes de protesta, sobre todo por la sección que prohíbe a las personas solicitar trabajo o contratación en la vía pública, una disposición que, dijo, afecta a los jornaleros.

Del mismo modo, los grupos que han apoyado la ley informaron que seguirán adelante con los mítines para apoyar a su líder, el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien ha hecho fama por sí mismo durante años por llevar a cabo redadas de inmigración.

“El Presidente de Estados Unidos y la jueza se pusieron del lado de los inmigrantes ilegales y en contra de la ciudadanía estadounidense”, dijo William Gheen, presidente de Americans for Legal, comité de acción política de inmigración.

Tal vez sólo el suspiro de alivio completo del miércoles fue para los jefes de policía en todo el estado, muchos de los cuales no comparten la idea de Arpaio. Casi desde el principio, los jefes de policía han tratado de moderar la acalorada retórica con algunas realidades más amplias: la inmigración ilegal en Arizona va hacia abajo, como es la delincuencia, que no está asociada con los inmigrantes ilegales o cualquier otro subconjunto de la población. Los jefes también tenían preguntas acerca de cómo implementar la ley entre ellos. Si sus disposiciones podrían interferir con las funciones policiales regulares, cómo o si se aplicaría a los menores, entre otras.

Los asesores jurídicos prevén una serie de respuestas diferentes a estas preguntas. El jefe de policía de Tucson, Roberto Villaseñor, quien presentó una declaración en apoyo de una impugnación de la ley federal, dijo que estaba contento de que Bolton reconociera la legislación como “problemática”.

Ahora, dijo, está sobre todo preocupado por las reacciones a la sentencia y lo que algunos han descrito como un aire de vigilancia cada vez más fuerte en Arizona. “Cuando la gente se siente tan fuerte en ambos lados, siempre existe la posibilidad de tener problemas”, concluyó.


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