NOTICIAS

Y la compra del edificio sigue impune

A seis años nadie es culpable, el edificio sigue abandonado y no se aplicó sanción a ningún funcionario o empresario.



Y la compra del edificio sigue impune

(Archivo)

El monto del daño a la Hacienda Pública por la compra del edificio es de 12 millones de pesos.

22/11/2017 05:07 / Centro, Tabasco

A seis años de la compra irregular de un edificio por parte de los consejeros estatales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), el cual tuvo un costo de 32 millones 600 mil pesos, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Contraloría Estatal han sancionado a nadie.

Luego de una serie de denuncias e investigaciones por parte de la FGE, el pasado 7 de febrero del 2015, se detuvo a los ex consejeros electorales Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado, quienes fueron acusados de Ejercicio Indebido del Servicio Público en agravio del Instituto Electoral.

Posteriormente se ordenó del desafuero del entonces magistrado electoral, Jorge Montaño Ventura, quien fue separado del cargo en octubre de ese mismo año y pese a la embestida en su contra, nunca se le pudo comprobar nada y tampoco fue detenido por autoridad alguna.

Se acusó una compra fraudulenta del inmueble, ubicado en el Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 1206, de la colonia Tamulté, adquirido por los entonces árbitros electorales el 4 de abril del 2011, como propuesta de la Comisión Especial de Adquisición integrada por los entonces consejeros Gustavo Rodríguez Castro, Héctor Aguilar Alvarado y Jorge Montaño Ventura, que fueron los encargados de hacer la revisión de los inmuebles.

Con recursos del patrimonio generado por ahorros propios del Instituto Electoral, se pagaron a los propietarios anteriores, Gilberto Galassi Cevallos, Gilberto Galassi Almora y Graciela Cevallos Rodríguez, la cantidad de 23 millones 172 mil pesos correspondientes al terreno y 9 millones 428 mil pesos correspondientes al edificio, para hacer un monto total de 32 millones 600 mil pesos.

En noviembre de 2012 la Contraloría Interna del IEPCT determinó que el precio del inmueble fue sobrevaluado en 8 millones 308 mil pesos, a los que se sumaron gastos previos y posteriores a la adquisición del inmueble, gastos de mantenimiento y rentas de oficina por 3 millones 707 mil 128 pesos, por lo que los daños a la Hacienda Pública ascendía a 12 millones 015 mil 128 pesos.

Hoy a seis años nadie es culpable, el edificio sigue abandonado y no se aplicó sanción a ningún funcionario o empresario.