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Penal de Piedras Negras, centro de operaciones de Zetas

El centro penitenciario era una pieza fundamental en el engranaje de contrabando y secuestro de toda la región.



Penal de Piedras Negras, centro de operaciones de Zetas

(Especial)

Utilizaron el penal Piedras Negras, para ejecutar personas, como hotel y como centro logístico.

21/11/2017 23:00 / Saltillo, Coahuila

El informe "El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011", presentado hoy en el Colegio de México, exhibió que el cártel de Los Zetas hizo del penal de Piedras Negras su centro de negocios, en donde no sólo asesinaban y desaparecían a sus víctimas, sino que usaban las instalaciones como hotel para hacer "grandes bacanales" y los talleres de rehabilitación para los presos en la adaptación de sus vehículos para pasar droga a Estados Unidos, todo bajo el ojo del Gobierno federal y del estatal. 

El investigador Sergio Aguayo, coautor de la investigación, dijo que el penal coahuilense era una pieza fundamental en el engranaje de contrabando y secuestro de toda la región y alertó que este caso se puede estar replicando en otras cárceles del país en los que hay "autogobierno, que son controladas de diferente manera por el crimen organizado".

Jacobo Dayán, también autor del informe, apuntó que en el penal de Piedras Negras "el Estado mexicano subsidiaba las operaciones criminales de los Zetas".



La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe entrar a los penales de todo el país para evitar otro caso como el del penal de Piedras Negras, dijo Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora del organismo autónomo en la presentación de la investigación "El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011", presentado hoy en el Colegio de México.

"No deja de llamar la atención que estamos hablando de un suceso de 2011, en donde no pudo entrar los derechos humanos. No es suficiente que se haya dado una calificación cero, no pudieron entrar. Estamos en 2017 y nadie le dio importancia a ese suceso. Pareciera que es normal que entremos los visitadores y si no entraban, no pasaba nada y únicamente sacaban cero. Esto tiene que ser visto con toda su magnitud: a todos los centros se tiene que ingresar, no puede ser que las personas no puedan ver lo que sucede adentro. Vamos a entrar, ¿cómo? Como se tenga que entrar", dijo.

El informe presentado hoy reveló que Los Zetas en el norte de Coahuila utilizaron las instalaciones del Estado, como la cárcel de Piedras Negras, para ejecutar personas, como hotel para hacer bacanales y como centro logístico para sus operaciones delincuenciales.

Incluso usaron los talleres para rehabilitación de los presos para adaptar vehículos para pasar droga a Estados Unidos, fabricar uniformes militares y fundas para sus chalecos antibalas, así como "estrellas" para ponchar llantas.

"La cárcel era un enclave que jugaba un papel importante en el esquema de negocios de los Zetas, y el Estado mexicano subsidiaba las operaciones criminales de los Zetas.El penal era un campo de exterminio subsidiado por el Estado mexicano, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Estados Unidos", dijo Jacobo Dayán, coautor del informe junto con el investigador Sergio Aguayo.

El informe señaló que, aunque la cárcel de Piedras Negras recibió una calificación de cero en el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2011, ningún nivel de Gobierno lo atendió.

"A pesar de que a nivel estatal y federal se sabía que era un enclave zeta, no se hizo nada. Estaba bajo el control total de los Zetas, lo hacían con la protección de los custodios, el resto de presos eran súbditos de los Zetas, los empleados del penal desde custodios hasta directores eran amenazados y eran pagados. El penal era utilizado como hotel, como un lugar donde se hacían grandes bacanales, había tortura en la zona de máxima seguridad del penal", explicó.

El investigador agregó que el penal era utilizado como una casa de seguridad, en donde el cártel vendían desde droga hasta golosinas: "Los Zetas rentaban las instalaciones del Estado". Los talleres de hojalatería, costura, carpintería, soldadura y hasta los cocineros, eran usados por los criminales como parte de su negocio.

"Era usado como campo de exterminio, llevaban personas para quemarlas y desaparecer sus restos, frente a las torre de vigilancia número 6. Hasta ahora se dice que fueron desaparecidos en meses y meses entre 10 y 40. Eran ejecutadas personas que traicionaban a los Zetas, que les debían dinero, hasta gente que no tenía vínculos con actividades criminales: hombres,mujeres, menores de edad e incluso niños y una mujer embarazada de siete meses", reveló.

La tercera visitadora de la CNDH, organismo que participó junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Colegio de México (Colmex) en la realización de la investigación, precisó que debe haber personas pendientes, que supervisen y que observen a todas las prisiones del país.

"Esto no debe presentarse jamás, no se debe de olvidar.No es posible que se quede olvidado, como no pasó nada. No está bien porque esto no ha sido observado como se tiene que ver, con un enfoque de derechos humanos. Los visitadores no supieron que pasaba en este centro[…], el sistema penitenciario se tiene que mejorar, se tiene que optimizar, no únicamente decir 'está mal'. Es lo delicado y riesgoso de normalizar algo: hay sobrepoblación, autogobierno, violencia. Esto no puede quedar impune", argumentó la visitadora.

Sergio Aguayo, coautor de la investigación, explicó que el caso de la cárcel de Piedras Negras muestra lo que sucede en muchas prisiones del país.

"Evidentemente estamos hablando de docenas de cárceles que tienen autogobierno, que son controladas de diferente manera por el crimen organizado […], el caso de la prisión de Piedras Negras era una pieza fundamental en el engranaje de contrabando y secuestro de toda la región. Era una fortaleza protegida por el Estado; no podía entrar ni la Marina y el Ejército sin que hubiera una petición del director de la cárcel, que nombraban los Zetas", dijo el investigador.

Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), consideró que en la "realidad de nuestro país el yugo Zeta, no podría estar más cerca", pues sus prácticas han afectado a individuos, familias y comunidades enteras, con consecuencias a mediano y largo plazo que aún están por definirse.

"Han victimizado a generaciones de personas. A estas víctimas el Estado tiene la obligación de acompañarlas", dijo.

Con información de Sinembargo