Luis Enrique Vicente Hernández, el policía ministerial del grupo SWAT que ejecutó al joven mecánico Edgardo Reyes Castellanos durante el operativo alcoholímetro, sólo fue consignado por "homicidio simple y abuso de autoridad" porque aparentemente habría la consigna de protegerlo o causarle la menor afectación posible. "Como están las cosas incluso podría salir libre" coincidieron diversos abogados especialistas consultados por Tabasco HOY.
Desde que el policía fue detenido el domingo, varias horas después de ocurridos los hechos, el propio Gustavo Rosario Torres, titular de la Procuraduría General de Justicia, deslizó públicamente que se trataba de un "homicidio simple", tal como ayer terminó por concluir esa dependencia.
Según los especialistas en derecho penal consultados, y quienes pidieron el anonimato para salvaguardar su integridad, en su afán por minimizar el hecho, el ministerio público ejercitó acción penal ignorando tesis jurisprudenciales que señalan que un elemento policiaco no puede incurrir en "homicidio simple" pues está entrenado en el manejo de armas, como es el caso de los miembros del grupo SWAT, con lo cual no es acreditable el uso imprudencial de las mismas.
Dichas tesis precisan que en casos como el ocurrido el pasado domingo no debe aplicarse ninguna justificación o salvedad y la autoridad policiaca de que se trate debe ser consignada por "homicidio calificado", lo cual significa que la pena es mayor, explicaron los expertos.
A esto se suman diversas irregularidades que los familiares de la víctima, abogados del caso y testigos presenciales han ventilado públicamente, como el hecho de que los otros cinco elementos que participaron en el operativo del domingo declararon que movieron el cadáver y lo llevaron al SEMEFO "por órdenes superiores", cuando lo procedente era que el agente del ministerio público acudiera al lugar donde ocurrió el deceso.
Tampoco concuerda la declaración que rindió el presunto homicida con el dictamen pericial en lo referente a la posición víctima-victimario y destaca igual que familiares de Edgardo Reyes dijeron haber recibido ofertas de llegar a "un arreglo" a cambio de que no magnificaran la situación.
"Fue evidente la manipulación de pruebas y que hubo diversas irregularidades desde que ocurrieron los hechos, creo que se quedaron cortos con los delitos que le imputaron al policía, o puede ser que en efecto hubiera la intención deliberada de protegerlo, de todos modos aún hay mecanismos para revertir esta situación y tratar de pedir una pena mayor", sostuvo uno de los abogados que aceptó dar su opinión.
El elemento Luis Enrique Vicente Hernández fue trasladado al penal de Villahermosa poco después del mediodía, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por el director de la Policía Ministerial, Gustavo Torres.
En las próximas horas y luego de ser fichado, Vicente Hernández será puesto a disposición de un juez en materia penal, para luego contar con 72 horas y aportar elementos en su defensa o recibir el auto de formal prisión por los delitos que se le imputan.
LAS IRREGULARIDADES
Desde el principio, la actuación de la justicia ha sido poco clara;
Las acciones de la PGJE estaban encaminadas a brindar protección al policía asesino y para ello lo consignan por homicidio simple.
El Ministerio Público al ejercitar acción penal omitió ofrecer jurisprudencia fundamentando el homicidio simple.
Las autoridades trataron de llegar a un arreglo económico con los deudos.
Se le ordenó a los policías a llevar el cuerpo al Semefo, cuando el agente del Ministerio Público tenía que acudir al lugar en donde ocurrió el deceso.
No concuerda la declaración que rindió el presunto homicida con el dictamen pericial en cuanto a la posición víctima-victimario.
Las autoridades le dijeron a la viuda que se trataba de un accidente
