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| Publicada: 03:04 del 15/07/2012 -- Ciudad: México, D.F. |  (0) |
Sufragio (en) efectivo; demostrarlo, el reto
La frontera entre un votante agradecido porque recibió un programa social o una dádiva y la compra del voto
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Redacción
Jésica Zermeño
Agencia Reforma
La novedad fue la entrega de miles de tarjetas precargadas de Soriana en cinco estados, entre ellos el Estado de México, la entidad con el mayor número de votantes y de pobres de este país, pero la lista de irregularidades en este proceso electoral es larga.
La distribución de despensas tradicionales en por lo menos 21 Estados; la existencia de una estructura de financiamiento paralelo para los promotores del voto a favor del PRI (Monex); la participación de funcionarios estatales y municipales en redes de promoción del voto, principalmente del tricolor, y la entrega de tarjetas en Jalisco, Guanajuato, Morelos y Tabasco con promesas de beneficios a futuro si ese partido ganaba la gubernatura.
Alianza Cívica, que supervisó en 21 estados una muestra representativa de 183 casillas, determinó que casi una tercera parte de los votos fueron resultado de la compra y coacción (28.4 por ciento), según declararon los propios votantes, y la mayor parte de esas malas prácticas, más de 70 por ciento, favoreció al PRI, de acuerdo con las mediciones.
Andrés Manuel López Obrador cifró en 5 millones los votos comprados en estos comicios, de los cuales 2 millones fueron en el Estado de México, Veracruz y Chiapas, según sus cálculos.
En la Unidad de Fiscalización del IFE hay 40 quejas sobre el proceso electoral que todavía no son resueltas. De éstas, 24 fueron interpuestas en contra del PRI o la coalición Compromiso por México.
El jueves pasado, el Movimiento Progresista entregó al IFE un escrito de demanda de juicio de inconformidad que pretende invalidar la elección, argumentando que Enrique Peña Nieto rebasó el tope de gastos de campaña para la contienda, de 328.6 millones de pesos, al destinar más de 4 mil 599 millones para comprar votos.
Además del rebase de topes de gasto y la compra de votos, la izquierda incluyó en su recurso el uso de encuestas con fines propagandísticos y la participación de gobiernos locales en favor del PRI.
Fortaleza
José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pone énfasis en la fortaleza de las pruebas que tiene que presentar la izquierda para salir airosa.
Asegura que será muy difícil que el Movimiento Progresista logre demostrar que la operación priísta resultó en la compra de 5 millones de sufragios. Si lo logra, dice, sí debe proceder la anulación de la elección, pues eso habría sido determinante para la elección.
"¿Cómo se va a demostrar que el intento de compra de voto o la recepción de la dádiva se tradujo en voto? El propio López Obrador animaba a la gente a recibir lo que les dieran de todos los partidos, pero que votaran con conciencia. Eso es un reconocimiento que ha hecho a lo largo de varios años, de que no existe la causalidad entre el intento de compra y la compra. Cambiar ahora ese criterio porque le conviene no quiere decir que tenga un efecto jurídico, explica Crespo.
"Se tiene que demostrar que una irregularidad grave, en este caso la compra del voto, fue determinante en el resultado de las casillas para anular la elección. El reto es demostrar que efectivamente se compraron, y ahí la izquierda va sola con sus pruebas", sostiene el investigador.
Crespo asegura que la victoria del PRI en las zonas rurales y pobres no es nada nuevo, sino un hecho histórico, pues es el partido que tiene más arraigo en esas localidades, y conforme avanza el nivel educativo de los votantes hay más predisposición a votar por la oposición.
Explica además que la frontera entre un votante agradecido porque recibió un programa social o una dádiva y la compra del voto es muy borrosa, lo que complica enormemente la impugnación del Movimiento Progresista.
"Si le quieren dar un uso político a la compra del voto para manchar la elección, está bien, ya lo lograron, pero de ahí a que eso se traduzca en un criterio jurídico para anularla hay un gran tramo.
Y tiene que ser así, porque si no todas las elecciones se anularían. El reto de López Obrador y su equipo está en eso".
José Manuel Azpiroz, director de Arena Electoral, el proyecto que coordinó la recepción de mil 672 quejas ciudadanas de la elección por encargo del IFE y la Fepade, sostiene que lo más grave de este proceso es que se evidenció que la sociedad mexicana ve bien vender su sufragio.
"No hay un dilema ético para el ciudadano al vender su voto. El voto es una moneda de cambio. ¿Cómo serán las ganancias para que a los que quieren ganar no les importe gastarlo todo? Porque saben que invertir en comprar votos reditúa. Es un círculo vicioso donde todos vemos al voto como dinero, no como democracia", dice.
Desesperados
Ricardo Monreal, coordinador de campaña del abanderado de las izquierdas y coordinador del equipo jurídico que presentó el juicio de inconformidad, explica que la impugnación se basa en que no se cumplieron los preceptos que deberían regir los procesos electorales, establecidos en el artículo 41 constitucional (que el voto sea libre y secreto y que haya certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad), por lo que se impugnará la elección distrito por distrito por irregularidades.
Advierte que si no se limpia la contienda de la sospecha, en el futuro será imposible para la oposición ganar una elección, pues el dinero que se necesitará para convencer a la población de votar por un partido político sólo podrá ser cubierto por la fuerza política que controle el presupuesto público.
"Quienes quieren ver sólo en el aspecto técnico del conteo la irregularidad no van a encontrarla. Nosotros lo dijimos. El problema no es el conteo, sino el compreo... Nos sentimos maniatados, desesperados, frustrados porque a pesar de que tenemos pruebas, cuentas de banco, corridas financieras y demostramos la triangulación de los recursos no se actúa. Fue la elección más sucia de la historia. Felipe Calderón se robó la elección, Peña Nieto intenta comprarla, expresa.
El senador con licencia asegura que se compró el voto principalmente en zonas rurales y colonias urbanas marginales, donde se ubicó el 35 por ciento de las casillas, porque fue ahí donde más "se les pasó la mano" en la compra de votos, pues se generó una participación atípica, muy por encima de los niveles históricos de votación de la zona.
Los Estados donde el Movimiento Progresista detectó más irregularidades son el Estado de México, Yucatán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Campeche, Nayarit, Chiapas y Veracruz. Entidades en las que López Obrador, durante su campaña, le dijo a la ciudadanía que recibiera todo lo que les ofrecieran y votaran contra el PRI.
"No había otra alternativa", afirma Monreal al cuestionarle ese discurso de su candidato. "Veíamos cómo estaba la compra desmedida y si los contenías, de todos modos lo iban a hacer, porque era tal la embestida de los programas y recursos que se dilapidaron. El derroche era tal que fue abrumador".
Monex
Otra modalidad de tarjetas, dirigidas a pagar a promotores del voto tricolor, evidenció una estructura paralela de financiamiento con la que, según el PAN y el PRD, el PRI violaría no sólo el tope de gastos de campaña establecido para el financiamiento privado (33 millones), sino el tope para la campaña en general.
El 25 de junio pasado, el coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil, dio a conocer una red financiera para la entrega de recursos a los operadores priístas vía tarjetas: el grupo financiero Monex.
Gil valuó los recursos invertidos en ella en 700 millones de pesos y sustentó la denuncia pública con el testimonio de un operador priísta de Guanajuato que declaró que Eduardo Uribe Aguilar, representante de Peña Nieto en el Estado, le había entregado la tarjeta para financiar una red de votantes.
Un día después, Rogelio Carbajal, representante de Acción Nacional ante el IFE, anunció que su partido había interpuesto una denuncia ante el órgano electoral por el reparto de monederos.
Carbajal asegura que esa queja sigue su curso, y que ya fueron notificados de que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre las cuentas.
"Lo que sabemos es que existen 9 mil 924 monederos que han sido identificados con el número de serie de los monederos que nosotros dimos. Esto fue dado a conocer por el IFE el jueves anterior a la elección, y en esos monederos se tiene probada la dispersión de al menos 70 millones de pesos, señala.
/amc
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