Es posible que ningún diputado de la pasada legislatura local --incluyendo a los de la fracción priista, que fueron los que la aprobaron haciendo uso de su mayoría absoluta-- hubiera estado de acuerdo con la expedición de esa ley que brinda protección policiaca no solamente a determinados ex funcionarios, y al ex gobernador mismo, sino a los parientes cercanos de unos y otro.

Es posible, porque esa ley no tendría ninguna razón de ser, pero la aprobaron, más en un acto de sumisión al titular del ejecutivo estatal --quien fue el autor de la iniciativa-- que en un ponderado ejercicio de su función, con lo que no solamente privilegiaron a éstos sobre los demás ciudadanos, para los que no garantizaron su seguridad sino que cometieron un lamentable error.

Esa ley especial no debió haberse aprobado por los anteriores legisladores locales, porque no se trata de beneficiar a nadie en particular sino de garantizar a todos los tabasqueños la seguridad pública. Ahora corresponderá a los actuales diputados --a iniciativa de uno de ellos o del gobernador en funciones-- dar marcha atrás en tal aspecto y poner fin a ese privilegio, ciertamente inmerecido, que le fuera concedido a algunos funcionarios, a quien estuvo a cargo del gobierno del estado y a parientes cercanos suyos.

La sociedad tabasqueña ya ha fijado una posición a ese respecto, el gobernador Núñez Jiménez también ha emitido una opinión, lo mismo que algunos diputados de esta legislatura. Lo que sigue, estando así las cosas, es simplemente proceder en consecuencia, de manera que esa ley sea derogada lo más pronto posible.

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